WASHINGTON (AFP).- Día tras día, los militares estadounidenses se ven obligados a hacer nuevas revelaciones de torturas a prisioneros en Guantánamo e Irak y todo hace pensar que el escándalo mundial sobre la prisión de Abu Ghraib es sólo la parte visible de un problema generalizado.

   El proceso de cortes marciales a implicados en los abusos a iraquíes en Abu Ghraib hace ya dos meses que está en marcha con amplia difusión. Sin embargo, decenas de otros casos se resuelven mucho más discretamente, en su mayoría con simples sanciones administrativas.

   La American Civil Liberties Union (ACLU), la mayor organización de defensa de las libertades civiles de Estados Unidos, exhibe en su sitio en internet unos cincuenta documentos pertenecientes al Pentágono en los que se enumeran los escándalos grandes y pequeños cometidos por militares estadounidenses desde 2002 en Irak, Afganistán y en la base naval de Guantánamo, en la isla de Cuba.

   Gracias a la ley que protege en Estados Unidos la libertad de información, la ACLU descubrió en documentos del Ejército que, en abril de 2003 en Camp Bucca, dos soldados recibieron y ejecutaron la orden de matar a Yasiree Ahmes Al-Haddii, un prisionero de guerra acusado de intento de homicidio y de motín.

   Cinco meses más tarde, en Tikrit, al norte de Bagdad, un soldado fue dado de baja incluso antes de iniciar la investigación formal sobre la muerte, el 11 de setiembre de 2003, del prisionero iraquí Obed Hethere Radad.

   Otro incidente fue la muerte de Abdureda Lafta Abdul Kareem, un iraquí de 44 años arrestado en Mosul el 5 de diciembre de 2003 y muerto cuatro días más tarde. Funcionarios anularon la solicitud de una autopsia y no realizaron ninguna investigación.

   De los otros delitos, el Ejército -conminado por la ACLU- reveló que, en junio de 2003, siete soldados habrían golpeado a un iraquí hasta partirle la mandíbula, antes de disparar, en plena calle, contra vehículos y perros.

   En julio de 2003, tres militares habrían robado una casa de Balad, 70 km al norte de Bagdad, y cinco meses más tarde, otro soldado habría asaltado en Bagdad a un iraquí para robarle Valium y dinero.

   También fueron divulgados más detalles del escándalo de Abu Ghraib: un policía militar declaró que los soldados concursaban para ver quién de ellos lograba que su perro hiciera orinarse de miedo al mayor número de prisioneros.

   Al ser consultado, el Pentágono respondió que esas informaciones fueron recabadas y facilitadas por sus propios servicios.

   Eso demuestra que «en absoluto se tolera la conducta descarriada» porque «nuestra política siempre fue y será tratar humanamente a los detenidos», dijo a la AFP el coronel John Skinner, portavoz del organismo.

   «Lo que vemos (en los documentos divulgados), es que conducimos correctamente nuestras pesquisas sobre todas las acusaciones, y que obligamos a rendir cuentas por los malos tratos que pudieron haber tenido lugar», añadió.

   El presidente George W. Bush «espera que todas las acusaciones de torturas sean tomadas en serio, que se realice una investigación y que se tomen medidas para garantizar que esos abusos no se vuelvan a repetir», dijo el martes el portavoz de la Casa Blanca, Scott McClellan.

   Afirmó que si hay personas que se comportaron mal, deben ser llevadas ante la justicia.

    «Los métodos adoptados por el Pentágono son ilegales, amorales y anti-productivos», acusó Jameel Jaffer, un abogado de la ACLU que considera «increíble» que tales métodos hayan sido aprobados por los más altos niveles del Estado.

   El Pentágono, por su parte, insiste en la necesidad de relativizar el escándalo.

   «Hay que recordar que en algún momento hubo más de 50.000 personas detenidas», subrayó el coronel Skinner, y «la gran mayoría de los soldados, 99,9% de ellos (…) honran nuestros valores».