Nuevo desafío para el Gobierno

El  asesinato del coronel (r) José Amado González, atribuible por claros indicios a alguna organización del narcotráfico local e internacional, presenta además, por lo que ha trascendido o informado de manera formal, los perfiles de un hecho atrozmente cometido por individuos que se aprovechaban de investiduras o  de vinculación a organismos de seguridad y  persecución de la delincuencia. Sin ánimo de especular, ni de lanzarse por adelantado a llegar a conclusiones sobre sucesos y posibles complicidades que sigue en fase de investigación, hay que decir de todos modos que la opinión pública está consternada por las características del crimen y las implicaciones que se  insinúan. Ante la ciudadanía, las dudas solo podrían ser despejadas por una investigación profunda y transparente  que revele las identidades y connotaciones de los autores.

Tras el asesinato, voces muy autorizadas dentro del Gobierno han hablado de una forma que no deja duda sobre la gravedad del hecho y su condición de abierto desafío a la ley y a sus guardianes. Desde el litoral del que surgen esas voces se han pedido, como en ocasiones anteriores, drásticas medidas del Poder para enfrentar el Narcotráfico, lo que  manifiesta enfáticamente la certeza que  existe  en uno de los  ámbitos oficiales  de que el crimen organizado  se  manifiesta poderoso y se comporta con una audacia que espanta.

Protección para las instituciones

Muchos ciudadanos han esperado desde hace cierto tiempo  motivos suficientes para confiar en que al interior de instituciones del orden e  inteligencia se lleva a cabo una observación cuidadosa para descubrir  a tiempo vínculos perjudiciales para el país  que algunos de sus miembros puedan haber creado con grupos reñidos  con la ley, nexos    que por lo regular se delatan mediante una posesión  y disfrute de bienes que no podrían justificar.

Hechos como las ejecuciones de Paya en agosto del 2008 fueron seguidos por promesas del  más alto nivel  de que habría para el futuro mecanismos de investigación adicionales a los existentes para comprobar conductas. En este momento de  preocupación por la posible infiltración del crimen en delicadas áreas  se necesita un compromiso  contundente de que efectivos mecanismos de detección de conexiones ilícitas van a funcionar.