Brasilia.  EFE.  El Gobierno brasileño y la oposición se disputaban ayer el control de la investigación sobre un escándalo centrado en el uso de tarjetas de crédito corporativas por parte de funcionarios, que ya le costó el puesto a una ministra.

Decenas de colaboradores del gobierno y familiares del presidente Luis Inácio Lula da Silva son sospechosos de haber usado para gastos personales e injustificados tarjetas que están reservadas para viajes y actividades estrictamente relacionadas con su trabajo.

Por este escándalo tuvo que presentar su renuncia la semana pasada la ministra de la Secretaría de Igualdad Racial, Matilde Ribeiro, cuya tarjeta corporativa mostraba un gasto próximo a los 170.000 reales (unos 96.590,9 dólares), que incluía alquileres de coches en días festivos.

Tanto gobierno como oposición parecen de acuerdo en crear una Comisión de Investigación Parlamentaria (CPI), pero ayer comenzó una disputa para ver quien la llevará a cabo y quién tendrá su control. En caso de que la CPI sea la propuesta por el Gobierno, los partidos oficialistas tendrán la prerrogativa de nombrar a su presidente y a su relator, lo que les permitirá controlar el ritmo y el alcance de las investigaciones.

El Gobierno quiere que solo el Senado lleve a cabo la investigación y que ésta se extienda a los gastos de los últimos diez años, lo que incluye a la administración del anterior presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, quien actualmente forma parte de la oposición. Esta, por su parte, anunció ayer que está recogiendo las firmas necesarias para pedir que sea una investigación conjunta del Senado y la Cámara de Diputados.