Al escándalo de irresponsabilidad paterna sobre el  diputado  Julio Romero se suman las denuncias de dos mujeres, una  residente en  Suramérica y otra en Estados Unidos, que aseguran que el legislador las violó cuando eran adolescentes.

Las damas, que hablaron a reserva de sus nombres, anunciaron que  someterán ante la justicia  al representante de la provincia Santo Domingo.

Mientras, el congresista perredeísta negó las acusaciones vertidas en el porgrama El Informe y en cambio   y mediante  acto de alguacil, conminó  a aplazar la difusión del reportaje.

Además del hijo que habría procreado con Yuilmi Peguero, de 18 años, a Romero se le comprobó la paternidad de Gabriel Eduardo Castillo, de 22 años, cuya madre  Luz Yanina Castillo, afirmó que nunca cumplió con la manutención.

La señora, que reside en San José de Ocoa, y que fue embarazada a los  17 años, contó que trató de  conectar al legislador con su hijo.

Testificó que, sin embargo, el congresista se mantuvo todo el tiempo evasivo, negando la relación, hasta que aceptó una prueba de paternidad que arrojó un nivel de parentesco de 99.98%.

Aún así,  se ha resistido a reconocer a Eduardo Gabriel Castillo, un joven que para subsistir ha tenido que dedicarse al motoconcho y hasta se vio precisado a abandonar la escuela en el tercero de bachillerato.

La secretaria del Juzgado de Paz San José de Ocoa, Rosa Velásquez, dijo  que contra Romero se dictó la sentencia 166 del 10 de julio de 2002, firmada por el juez  José Eliseo Pérez Medina, que le impuso una manutención a favor de su hijo. Romero se enfrenta ahora a una demanda en paternidad y manutención que le incoó Yuilmi Peguero. 

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Una campaña

Tras la demanda interpuesta por Yuilmi,  a la que presuntamente embarazó cuando era menor, Romero ha dicho que se trta de una campaña sucia y ha puesto en dudas las afirmaciones de la muchacha sobre la  paternidad del niño de cinco meses de nacido.

Censura previa

 En torno al acto de alguacil en el que Romero conmima a aplazar la difusión del programa El Informe, su productora, Alicia Ortega, la  calificó como   un intento de censura previa, que trata de intimidarla. Dijo que sigue el deber de informar al pie de la letra, y que  se impone por encima de  invectivas para bloquear periodismo veraz.