A menos de tres meses de la toma de posesión del presidente Luis Abinader, su administración parece instalada en un campo minado, cuyas detonaciones han sido provocadas por indicios de nepotismo en algunos nombramientos, los sorpresivos capitales acumulados de algunos ministros, el amago de nuevas cargas impositivas, las demandas de los perremeístas que exigen cargos y la inclusión de un supuesto logo plagiado en una importante campaña marca-país.

Demasiado ruido para un Gobierno que recién se estrena, así como para un partido que alcanza por primera vez las riendas del Poder Ejecutivo.

A diferencia de los tradicionales 100 días de tregua que los partidos políticos y la propia sociedad les conceden a los nuevos gobiernos, a la administración del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se le tiene en la mira, acaso porque su marketing electoral se basó en la entronización de un cambio radical en el manejo de las políticas públicas y hasta en la promesa de sepultar las prácticas clientelares y corruptas.

Las principales críticas al Gobierno emanan de las redes sociales, plataformas desde las cuales los ciudadanos expresan, a veces con extrema dureza, su rechazo a actitudes que podrían interpretarse como un calco del Gobierno peledeísta.

De manera que el PRM recibe ahora las dolorosas estocadas de una presión mediática que, en su momento, le sirvió para atacar a la gestión de Danilo Medina en el Poder Ejecutivo y el desempeño del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) durante 16 años consecutivos.
Orquídeas, impuestos y el patrimonio de Kimberly. El PRM llega a la Presidencia de la República en medio de una crisis económica y sanitaria, causada por la propagación de la pandemia de covid-19.

La combinación del desempleo y la caída de los ingresos fiscales provocó crispación en las nuevas autoridades y sobre todo en la población que veía venir un futuro incierto.
Ante el desolador panorama el presidente Abinader apeló a la austeridad de todos los sectores.

Pero, mientras la ciudadanía procesaba ese discurso, el Ministerio de Educación aprobó la compra de orquídeas por un monto de 700,000 pesos, aunque luego lo desestimó por las críticas recibidas.

Además se destacan la aprobación de cientos de compras de urgencia para asuntos no prioritarios, aunque algunas fueron posteriormente desestimadas.

Esas compras se convirtieron en una frivolidad, frente a la propuesta del Gobierno de incrementar las cargas impositivas para sustentar el Presupuesto de 2021.
El rechazo no se hizo esperar y, ante los cuestionamientos, el presidente Abinader anunció que retiraría la propuesta del proyecto de Presupuesto General del Estado, que estudia el Congreso.

Pero paralelamente se cocinaba en el ambiente una especie de estupor por las declaraciones juradas de los nuevos ministros, algunos con capitales por encima de los 500 millones de pesos.

Entre esos la mayor sorpresa la causó la ministra de la Juventud, Kimberly Taveras, una joven de 33 años, química de profesión, con empresas ligadas a la recolección de residuos sólidos y un patrimonio que asciende a más de cien millones de pesos.

La funcionaria pidió una licencia para que el origen de su patrimonio sea investigado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), instancia que se supone deberá indagar otros patrimonios aún más sonoros.

Dispersión comunicacional. Todo ese ruido, en apenas dos meses, ha carecido de una política de comunicaciones enfocada hacia el manejo de crisis.

De hecho, es conocido que en el Palacio hay tres frentes: el dirigido por Milagros Germán, la vocera de la Presidencia; el que encabeza Daniel García Archibald, director de Información y Prensa de la Presidencia, y un grupo de asesores externos que tienen sus oficinas en la casa de Gobierno.

Probablemente para unificar criterios, hace más de una semana se realizó en Palacio un Foro de Comunicación Estratégica, con expertos extranjeros que trataron temas relativos a la comunicación gubernamental y liderazgo.

El reclamo de perremeístas. A las constantes quejas de los perremeístas que aún no han sido integrados al Gobierno, se suman las críticas a que funcionarios de la pasada administración permanezcan en los cargos o hayan sido trasladados a otras dependencias.

También se añade a las quejas que, supuestamente, hay funcionarios que protegen a empleados que pertenecen a la anterior gestión gubernamental, en detrimento de los perremeístas que dicen merecer esos puestos porque hicieron un trabajo político y llevan muchos años fuera de la administración pública.

Del barrilito….
El PRM ha sido objeto de críticas por el controversial “barrilito”, que no es más que la asignación que reciben los senadores cada mes del Fondo Provincial Senatorial, que utilizan para ayudas en sus comunidades. Faride Raful, senadora por el Distrito Nacional, renunció a ese fondo después de duras críticas, ya que era una de sus principales detractoras. Los primeros en renunciar a ese fondo son Antonio Taveras y Eduardo Estrella. Aún legisladores del PRM y otros partidos justifican su uso por las limitaciones del Gobierno para atender a todas las necesidades de la gente.
Otro frente abierto
La propuesta del presidente Luis Abinader de reducir los fondos a los partidos fue rechazada por las organizaciones opositoras.