El presidente de la Federación Internacional de Colegios y Asociaciones de Abogados de las Antillas (FICAA) afirmó ayer que las autoridades electas deben definir una política clara y específica para enfrentar la corrupción y evitar que esa problemática se convierta en un «circo» en el que cada cuatro años los funcionarios entrantes emprenden acciones judiciales contra los salientes.

Al participar en el Diálogo Jurídico del periódico HOY, Deómedes Olivares repudió que los presidentes, una vez concluyan su mandato, sean sometidos a la justicia, a menos que haya evidencias contundentes que comprometan su responsabilidad penal.

Sostuvo que durante su gestión como presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) entre los años 2001 y2003, fueron presentadas dos querellas en contra del presidente electo Leonel Fernández, pero que las rechazó porque entendía que eran meramente políticas.

Refirió que en las empresas privadas existe también mucha corrupción, pero que los empresarios se cubren unos con otros «y por eso los casos no salen a la luz pública».

Favoreció la creación de un Consejo de Corrupción Público, cuyos miembros sean seleccionados por el pueblo, que se encargue de hacer investigaciones serias e independientes.

Por otro lado, el presidente de la FICAA dijo que tanto la Suprema Corte de Justicia, como el ministerio público deben ser fortalecidos con la asignación de un mayor presupuesto, al igual que el Colegio de Abogados.

[b]PASANTÍA[/b]

En otro orden, Olivares propuso que los nuevos abogados realicen una pasantía de un año antes de empezar a ejercer para que adquieran los conocimientos necesarios para ser buenos profesionales.

En tal sentido, pidió a los legisladores la aprobación del anteproyecto de ley que contempla la creación del «Instituto Superior del Abogado».

Sostuvo que los legisladores, en su mayoría abogados, harían un aporte significativo en favor de las generaciones llamadas a sustituirlos en los tribunales.

Explicó que a la hora que los estudiantes tengan conciencia de que deben pasar un año antes de ejercer, entonces se preocuparán más en sus estudios y otros optaran por inscribirse en otras carreras.

A su juicio la creación una escuela de capacitación adicional influirá de manera positiva en la formación de verdaderos abogados, quienes están llamados a ser auxiliares de la justicia.

Dijo además que esta situación permitiría que los nuevos abogados adquieran conocimientos en áreas específicas que deseen incursionar.

El ex presidente del Colegio de Abogados estimó que los facilitadores recomendarían a los abogados recién egresados en cuales áreas sus servicios son más necesarios.

Manifestó que el sector justicia en general, jueces y ministerio público, sería el gran beneficiado con la capacitación adicional de los abogados, que complementan la administración de justicia.

«La educación debe ser una prioridad para los abogados y este proyecto sería una especie salvación para el desarrollo de la justicia», precisó.

Admitió que parte del problema es que los abogados luego de graduarse no encuentran la forma de ampliar sus conocimientos, debido a los altos costos de los estudios adicionales como maestría y especialidades.

Olivares calificó como elevada la población de abogados, situación que según dijo, debe ser regulada con medidas como la implementación de una pasantía.

En ese sentido, llamó a las autoridades del Colegio de Abogados a tomar acciones encaminadas a dar seguimiento al proyecto que crearía el Instituto Superior del Abogado.

[b]ABOGADOS BANDIDOS[/b]

Olivares reconoció que cerca del 5% de más de 25,000 abogados actuar de manera cuestionable y con frecuencia se ven en conflicto con sus propios clientes.

Dijo que esta situación influye para que se generalice en cuanto a los abogados y las malas actuaciones de un pequeño grupito.

«Son muy pocos los abogados que actúan de manera irregular y engañan a sus propios clientes, pero lamentablemente las cosas negativas resaltan por encima de las positivas», señaló.

Indicó que en su gestión en el Colegio Dominicano de Abogados conoció 462 querellas contra abogados, de los cuales 28 fueron sancionados tras comprobarse que actuaron de manera irregular en perjuicio de sus clientes.

«Varias de esas sentencias ya han sido ratificadas por la Suprema Corte de Justicia», agregó.

[b]NUEVO CÓDIGO[/b]

Por otro lado, se refirió a las medidas tomadas por la Suprema Corte de Justicia y el ministerio público para poner en vigencia en septiembre próximo del nuevo Código Penal.

No obstante, reiteró que pese a ello la policía aún mantiene la política del «tránquenlo».

«Para poder detener a una persona hay que tener una orden de conducencia del juez de instrucción a cargo del caso, a menos que se refiera a casos de flagrante delito, pero la policía no cumple con esa disposición», insistió.

En ese sentido, favoreció la creación de la Policía Técnica Judicial, la cual debe estar al servicio de la justicia.

[b]LA FICAA[/b]

La FICAA cumple su primer aniversario el 31 de julio próximo, razón por la cual sus principales directivos han organizado actividades que incluyen la realización de talleres educativos dirigidos a abogados.

Según el artículo 4 de la ley 520 sobre entidades sin fines de lucro, la FICAA tiene por finalidad defender los intereses comunes de los abogados y, a la vez, compartir las culturas jurídicas de las Antillas.