POR BENEDICT MANDER
En Buenos Aires
Desde que Argentina realizó su controvertida reestructuración de la deuda el año pasado, después de la cesación de pago récord en 2001, el destino de los inversionistas “hold-outs” -los que no participaron en el trueque ofrecido por el gobierno-, sigue siendo poco claro. Hay todavía cerca de US$20 millardos de deuda no resuelta en el mundo, pero los intentos por recuperar los fondos por la vía de los tribunales estadounidenses han tenido éxito limitado, a pesar de los fallos a favor de los tenedores de bonos.

La más reciente fue el jueves pasado, cuando un juez de Nueva York decretó un embargo a US$310.0 millones de bonos Brady, depositados en el Banco de Nueva York, que se emitieron por el gobierno argentino en 1993.

Este es el primer fallo concerniente a activos específicos que pueden ser “adjuntados”, o confiscados, aunque no hay fecha de pago programada hasta que los bonos maduren en 2023. Consecuentemente, los analistas dudan si esto presionará de alguna manera al gobierno para cerrar un acuerdo con los inversionistas pendientes en algún momento cercano.

Sin embargo, hay un nuevo intento de abordar el problema por parte de la Task Force Argentina (FTA), que representa a más de 170,000 inversionistas minoristas italianos que tienen en sus manos una deuda por US$5,5 millardos, y que la semana pasada llevaron su reclamo al Tribunal Internacional para Arreglo de Disputas de Inversiones (ICSID) del Banco Mundial.

Hay dudas de que esta estrategia resulte más exitosa. TFA preferiría abandonar la demanda si Argentina estuviera dispuesta a negociar. “Siempre estaremos preparados para sentarnos a la mesa de negociaciones, si Argentina se incorpora de buena fe”, dice Nicola Stock, jefe de TFA.

TFA intenta asegurar reembolsos totales de capital más los intereses acumulados y no pagados mediante la demanda vía ICSID. El doctor Stock dice que Argentina “no puede dar más” que la oferta de poco más de US$0.30  que la FTA rechazó, señalando al fuerte crecimiento económico de 9% durante los últimos tres años. “Si Argentina propone algo positivo y aceptable, todo se puede arreglar y abandonaremos la demanda con el ICSID. Pero no se podrá hacer nada hasta entonces”, dice el doctor Stock.

El interés de la TFA por conversar es comprensible. Recuperar el dinero por la vía del ICSID será difícil por tres razones:

– Los expertos en ley internacional dudan que la compra de bonos califique como una inversión protegida por los tratados bilaterales supervisados por el ICSID. Se da por sentado que algunos tenedores de bonos que entraron en el acuerdo de reestructuración de Argentina el año pasado hayan analizado y rechazado esta alternativa por sus pocas posibilidades de éxito.

“Los tenedores de bonos tendrán que arar en un terreno más duro que los casos relacionados con inversión extranjera directa ordinaria”, dice Brad Ockene, un socio de Lovells, una firma legar internacional. De 104 casos pendientes en el ICSID, 34, por un total de US$16 millardos, están contra Argentina (resultantes en su mayoría de la crisis 2001-2002), pero son de compañías como Siemens, Vivendi, Enron, Electicité de France, Pan American Energy, Daimler Chrysler y Telefónica, que reclaman compensación por la congelación de tarifas impuestas por el gobierno.

Si Argentina pierde el caso, el señor Ockene sugiere que pudiera afectar el desarrollo de los mercados de capital internacionales e incluso el crecimiento económico global. “Si se trata de un país que emite deuda, sería muy significativo que un grupo de tenedores de bonos pudiera plantear una demanda en su contra en el Banco Mundial, como precedente”, dice.

– Un fallo del ICSID no se produce de un día para otro. Los resultados pudieran tomar entre cinco y ocho años, una razón por la cual los fondos de cobertura no están interesados en seguir esta vía. Aún cuando la TFA ganara el fallo, no necesariamente obtendría la cantidad total.

En julio, el ICSID emitió un segundo fallo contra Argentina a favor de Azurix, de Enron, por US$165.0 millones, aunque el reclamo original era por US$6290.0 millones. Se presentó en el 2000; se espera que el caso se tome otros dos años, por la apelación de Argentina.

– El ICSID no puede hacer valer sus fallos, aunque la dura posición de Argentina frente a los intentos de arbitraje en su contra se ha suavizado. Si Argentina ignorara un fallo de ICSID, rápidamente adquiriría el status de país paria, mientras se encuentra haciendo el máximo por atraer de nuevo a los inversionistas extranjeros. Si la variante ideal de TFA es encontrar una solución mediante las negociaciones en un corto plazo, en lugar de mediante un proceso de arbitraje prolongado en el ICSID, donde el éxito dista mucho de estar garantizado, pudiera verse defraudada.

Argentina ha demostrado poca disposición a negociar. Cuando Néstor Kiechner, su presidente, se reunió con Romano Prodi, el primer ministro italiano, dijo que el asunto estaba “terminado”. Se piensa que no hay interés político en negociar con los inversionistas excluídos hasta después de las elecciones presidenciales de octubre de 2007.

Federico Thomsen, un analista de Buenos Aires, sugiere que la medida de la TFA de encontrar una solución mediante el ICSID, puede haber estado motivada por la necesidad de demostrarle a los agraviados tenedores de bonos italianos que está intentando recuperar sus fondos. A su vez, los tenedores de bonos están demandando a los bancos por venderles bonos, sin ponerlos al tanto de los riesgos.

VERSION IVAN PEREZ CARRION