El Derecho dominicano atraviesa por una situación de grave peligro, porque la introducción de códigos y estatutos extranjeros en la legislación del país conspira contra su propia existencia, denunció Víctor Joaquín Castellanos, presidente de la recién creada Academia Dominicana del Derecho.

La academia fue creada con la intención de frenar las mutilaciones periódicas que se hacen a la legislación dominicana y citó como una de las principales evidencias de ello la situación que se da con el Código Procesal Penal vigente.

Aunque no lo consideró del todo negativo, dijo que ha sido injertada en el ordenamiento jurídico sin previa preparación.

El derecho dominicano atraviesa por una situación de grave peligro, porque la introducción de códigos y estatutos extranjeros en la legislación del país conspira contra su propia existencia, denunció Víctor Joaquín Castellanos, presidente de la recién creada Academia Dominicana del Derecho.

Al destacar que la entidad se creó con la intención de frenar las mutilaciones periódicas que se les hacen a la legislación criolla, dijo que una de las principales evidencias de esa situación es el Código Procesal Penal (CPP) vigente.

Aunque consideró que esa normativa no es del todo negativa, explicó que la misma ha sido injertada en el ordenamiento jurídico nacional sin una previa preparación del ministerio público y de la sociedad.

El jurista dijo, además, que otro ejemplo de mutilación de la legislación dominicana es la Ley de Derecho Inmobiliario, que se aprobó pese a que su predecesora la Ley de Derecho de Tierra- era bastante adecuada.

Esta nueva Ley ha venido a confundir a jueces y abogados que a veces no saben cómo proceder en los tribunales.

Castellanos citó otras amenazas, como el anteproyecto de reforma al Código Procesal Civil, al que se le incluirían aspectos del modelo uruguayo, así como el anteproyecto del Código de Familia que, de aprobarse el Código Civil quedaría como un folleto.

Si no tomamos una actitud activa iremos a parar a un ordenamiento legal constituido por mosaicos legislativos sin vinculación entre sí, y que no responderá a las tradiciones jurídicas dominicanas, por lo que preservar nuestro Derecho es el objetivo fundamental de la Academia.

Los responsables

Con relación a las mentes responsables del alegado despropósito, Castellanos informó que se trata de intereses que tienen una categoría continental porque pretenden darle uniformidad a todas las legislaciones.

En ese sentido, destacó que en República Dominicana hay juristas que han hecho un modus vivendi de esa tendencia.

Explicó que por el hecho de que el país forme parte de Latinoamérica, no quiere decir que no se pueda tener un derecho diferente al de los demás países.

Sin embargo, aclaró que la Academia Dominicana de Derecho no se opone a los cambios, pero sí a que los códigos sean sustituidos por preceptos que no obedecen a la idiosincrasia dominicana.

La estrategia

Para enfrentar la situación descrita deben adaptarse las citadas legislaciones a la realidad dominicana, y en ese contexto tiene que modificarse el CPP para que no empeoren los índices de delincuencia.

La función de la Academia es concienciar a aquellos juristas que no tengan conocimiento de lo que está pasando, dijo Castellanos, quien asistió al encuentro del Grupo de Comunicaciones Corripio en compañía de los juristas Amadeo Julián, Jottyn Cury hijo, director ejecutivo de la entidad, José Ricardo Taveras, vicepresidente, y Ramón Tapia.

La justicia ahora es más tardía y cara

El abogado Ramón Tapia consideró que el CPP está provocando que se aplique una justicia tardía en el país, particularmente con los dobles recursos de casación.

Los ciudadanos están sometidos a grandes torturas por la multiplicidad de juicios que puede tener un solo proceso, refirió.

Por esa razón, el seguimiento a los casos resulta más costoso para el usuario.

Toda sociedad tiene que crear sus leyes adjetivas, por lo que no se deben incorporar legislaciones con valores diferentes a los nuestros, porque entonces viene el caos que tenemos ahora.