El gran dilema de un político, cuando enfrenta una calamitosa situación económica heredada de la administración anterior, es enfrentarse a la realidad de decidir si prefiere elevar o crear impuestos para asegurar los ingresos que le hacen falta, o por el contrario, se lanza por el sendero de la austeridad, reduciendo los gastos en la administración pública.

No es nada agradable que al llegar al poder se enfrente a la realidad de encontrar las arcas del erario público devastadas, que la deuda externa es un peligro para la solvencia del Estado y que la deuda interna amenaza con provocar estallidos de violencia en reclamos de mejorías salariales o de pagar la energía consumida.

La tentación súbita de un político,enfrentado a tan cruda realidad, es acceder a los consejos de los economistas, que consideran que se puede exprimir a los contribuyentes con nuevas cargas impositivas, o modificar las existentes, para apropiarse de los recursos que le hacen falta, para luego ser devorados por el barril sin fondo de la ineficaz administración pública, que es heredada del gobierno anterior, que con toda la mala fe, ha dejado un lío tan grandes para provocar desestabilizaciones sociales a la hora que se proceda a reducir la nómina del gobierno.

Si es un político sensato, pensaría, como primera medida, reducir los gastos, renegociar los intereses de los bonos soberanos, revisar minuciosamente y con responsabilidad la apreciable cantidad de préstamos concertados con entidades privadas internacionales, y no se sabe como fueron recibidos o invertidos, sin conocer los acuerdos por debajo de la mesa, que por lo general,movilizan generosas recompensas a los testaferros que lograron la hazaña de endeudar al país con esos préstamos a elevados intereses.

La reducción del gasto público, conllevaría, revisar la nómina que está plagada de nombres a veces ficticios, o a veces triplicados, según la importancia política del favorecido. También las pensiones a la carrera de personajes, que ni siquiera califican para las mismas, y donaciones, no sólo de terrenos, sino de contribuciones graciosas, ya fuera por la entrega de algún pergamino sin valor a nombre de ser un mecenas de las ciencias. Por igual será una decisión valiente cuando se revisen las subvenciones a las cientos de ONGS que aparecen mensualmente en la relación de desembolsos del presupuesto, que a nadie le cabe la menor duda, de que son para pagar favores y se traducen en mayores ingresos para los políticos favorecidos, principalmente legisladores.

La austeridad es un trago amargo para un partido que llega al poder, y aun cuando tenga intenciones de frenar el dispendio del gobierno que reemplaza, se encuentra que debe atender a sus seguidores y aliados. De esa manera enfrenta el dilema de recurrir a establecer más impuestos a una población que ya no resiste más cargas tributarias, en especial, con lo que se planea de manera macabra con el aumento del ITBIS.

La reducción de gastos se puede realizar racionalmente, ya que el nivel de dispendio de la administración que finaliza su mandato, fue de tal magnitud, que con suprimir los viáticos, embajadas inoperantes, las decenas de secretarios de Estado sin cartera, inspectores y ayudantes civiles de la presidencia, generales en exceso, hasta inoperantes secretarías de Estado etc., se lograrían ahorros considerables, aparte de ubicar los tantos cheques duplicados para los dirigentes del PRD que recibían en distintas oficinas públicas.

Acariciar la idea de aplicar una reforma fiscal odiosa sería perjudicial para la salud del país, en momentos que se necesita de tranquilidad y de confianza para hacerle frente a la calamitosa situación económica, provocada por la administración perredeísta, que en sus semanas finales del mandato, pretende complicar la calamidad actual con un apagón general.

Será necesario revisar las condiciones de los bonos soberanos y renegociarlos, así como escudriñar en todos sus detalles los préstamos concertados a nivel privado en donde hay envueltas tantas cosas raras. Y lo más importante, es que al FMI se les debe hacer ver, que con más impuestos, no se solucionará el desastre económico, sino que será con un programa de reducción de gastos serio, bien diseñado y mejor implementado, y más, cuando la población tiene confianza en sus nuevas autoridades en las cuales depositó todas sus esperanzas de salir de la pobreza en que nos ah sepultado la administración del presidente Mejía.