El Presidente Danilo Medina asumió ayer con optimismo un nuevo período de mandato, con una agenda de retos ambiciosos en los planos económico, social e institucional. Desde luego, esa agenda incluye segundas fases de proyectos inconclusos del período anterior que demandarán recursos y atención en esta nueva gestión. Las soluciones para problemas como la inseguridad ciudadana, la flojera de la Justicia, el caos en el transporte, la necesidad de expandir y mejorar la asistencia en salud y el suministro de agua, dotar al país de leyes electoral y de partidos, entre otros, es como retomar los compromisos del inicio del primer período, aunque con la salvedad de que en esta oportunidad el mandatario cuenta con las zapatas que deben afianzar cada una de las realizaciones prometidas en esta nueva fase.
Como siempre, las promesas del Presidente Medina generan muchas expectativas en un país que conoce su estilo de gobernar y su vocación por quedar bien. Eso podría alimentar la curiosidad de muchos ciudadanos por conocer más en detalle cada uno de estos planes y sus vías de realización. El Presidente tiene a su favor una alforja de logros tangibles del período concluido y el hecho, muy significativo por cierto, de que su partido tiene el control del Congreso Nacional. Y algo más: en términos políticos, es lógico que el Presidente quisiera sellar su último período con una buena alforja de éxitos.

Transparencia y corrupción

El poder ha sido regularmente tímido en cuanto a enfrentar con la debida entereza el tema de la transparencia y la corrupción. De ahí que merezca atención especial la parte del discurso del Presidente Danilo Medina en que se compromete a efectuar un vigoroso programa de fomento de la transparencia, la institucionalidad y la lucha contra la corrupción.
Invocar esta decisión en un discurso al país al asumir el segundo mandato significa un grado muy significativo de compromiso. Sería un gran logro que la iniciativa anunciada por el Presidente, que compromete a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y en particular la Cámara de Cuentas como organismo fiscalizador del manejo de los bienes del Estado, sea suficiente para reducir en buena medida al peculado y la corrupción y privilegiar las buenas prácticas.