Entre los años 2019 y 2020 la Cámara de Cuentas pagó por concepto gastos en lavandería desde 34,917 a 50,511 pesos por mes, reveló la periodista Nuria Piera.

En su programa de investigación periodística Piera da cuenta de las irregularidades que empañaron diversas gestiones de la Cámara de Cuentas, organización que “realizaba auditorías para ocultar la corrupción”.

Señaló que en esta entidad los gastos superfluos han sido otra constante.

Recordó que en 2008, quien fuere presidente de esta institución, Ángel Terrero, nombró a una persona a la que se le pagaba para enseñar a jugar golf a los miembros del organismo, con la excusa de una actividad institucional que sería llevada a cabo en Punta Cana, así como consumos en restaurantes caros como La Casa de las Paellas, el Boga Boga y el Mesón, además de la compra de tabacos por miles de pesos a la empresa Baldwin Cigars.

“Hubo una propuesta, que no era pecaminosa para la Cámara de Cuentas, que era gestionar un préstamo para cada uno de los miembros, de 8 o 10 millones de pesos en el Banco de Reservas, para cada uno, para crear un fondo de un ahorro forzoso. De manera que en el 2010 cada uno tuviera ese dinero”, reveló Terrero en aquella ocasión.

La Cámara de Diputados llevó a juicio político a ese pleno involucrado en múltiples denuncias.

Durante el juicio el exmiembro de la Cámara de Cuentas. José Maceo, reveló:

“Habían auditorías que no han salido, que deben salir, pero que no salieron porque no se podían decir en las elecciones, porque hacían daño a la campaña. Dije que van a salir alrededor de 90 auditorías y que de ahí se van a caer altares. Eso fue lo que dije pero por ética profesional no puedo decirlo así, tan fácil”, dijo.

Sin embargo, nadie fue sancionado porque esas auditorías se archivaron. El ex vicepresidente de este organismo. Henry Mejía Oviedo, reveló por que se llegó a esa decisión:

“Cuando el pleno las analizó, entendieron, los técnicos, que las auditorías carecían de los mecanismos y las normas legales. Y el pleno decidió suspender esas auditorías para realizarlas nuevamente. Evidentemente, vieron las críticas que se les hizo al informe de la gestión anterior al 2006 y evidentemente no había el tiempo suficiente para someter a esas instituciones”, manifestó Oviedo.

Las anomalías continúan en este 2021 en la Cámara de Cuentas. El pasado lunes, en un hecho sin precedentes, el edificio que alberga esta entidad fue allanado por la Procuraduría Especializada de la Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), junto a un amplio contingente policial integrado por decenas de agentes de la Policía Nacional y miembros del equipo Swat, en la denominada Operación Caracol, donde descubrieron evidencias de irregularidades.

“Estamos aquí porque la Cámara de Cuentas de la República Dominicana ha sido parte del problema y no de la solución, ha sido cómplice de la corrupción y no parte del erario. Ha actuado en contra de la democracia de la República Dominicana y no a su favor. Esa es la razón por la que el Ministerio Público, dentro de la investigación que lleva en contra de los miembros de la Cámara de Cuentas, ha hecho este allanamiento en el día de hoy”, reveló el magistrado Wilson Camacho, director de la Pepca.

Camacho señaló que durante la amplia jornada encontraron “miles de documentos y evidencias, de las sospechas que tenía el Ministerio Público, de labores de maquillar auditorias para favorecer instituciones y a personas que dirigían estas instituciones, que a nuestro juicio ha realizado actos que son contrarios a la ley, que son delitos”.

Los miembros del organismo que están siendo investigados por obstrucción de la justicia, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, complicidad en los tipos penales de desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos provenientes de actos de corrupción.

En esta operación denominada Caracol están bajo la mira: Hugo Francisco Álvarez Pérez, Antonio Ortiz Hernández, Carlos Noés Tejada Díaz, Margarita Melenciano Corporán y Félix Álvarez Rivera, quienes gozan de privilegio de jurisdicción.