El Partido Revolucionario Moderno (PRM) puso en mora e intimó a la casi totalidad de los ministros, directores generales y presidentes de organismos autónomos, superintendentes y reguladores, que han sido designados como dirigentes o coordinadores en la precampaña electoral del precandidatos presidencial oficialista Gonzalo Castillo por violación a la Ley No.41-08 sobre Función Pública, del 16 de enero de 2008, a la Ley Orgánica de Régimen Electoral No. 15-19, y a la Ley General de Impuestos Internos, en el caso de su director general, Magín Díaz.

El recurso legal, notificado a la Junta Central Electoral, se hace con un plazo de dos días francos para que los emplazados tomen una licencia formal o renuncien durante la precampañana o se atengan a ser sometidos a sanciones disciplinarias, independientemente de que constituyan infracciones penales, civiles o administrativas consagradas y sancionadas en otras leyes vigentes.

Advierte el principal partido opositor que si bien tales violaciones forman parte de la práctica ilegal de los diferentes gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, en el uso de los recursos del Estado en la competencia electoral, con la participación activa de funcionarios del Estado, ahora por primera vez, tenemos ley de partidos No.33-18 y ley electoral No.15-19, con el ingrediente de las primarias, que por primera vez se organizan en el país bajo la Junta Central Electoral, la sanción a la violación de la Ley 41-08 es una obligación, puesto que, a diferencia del pasado, ahora tenemos tribunales especializados que velan por el cumplimiento de la Constitución y de la ley.

Los actos de alguacil entregados ayer y hoy en las respectivas sedes de trabajo de los funcionarios, fue notificada y entregada copia también a la Junta Central, se informa en el recurso legal suscrito por el PRM, por vía de Orlando Jorge Mera, delegado político ante la Junta, y Sigmund Freund Mena, Director Legal del partido.

El anuncio fue hecho en el hotel Barceló, en una pausa del seminario instructivo para enlaces del PRM a nivel nacional, para que estén en capacidad de utilizar la aplicación de fiscalización de candidatos, elaborada por la JCE a lo fines de que sean declarados los ingresos y gastos de campañas.

El PRM cita que en el Art. 80. numeral 13, de la Ley No. 41-08- a los servidores públicos les está prohibido “Servir intereses de partidos en el ejercicio de sus funciones, y en consecuencia, organizar o dirigir demostraciones, pronunciar discursos partidistas, distribuir propaganda de carácter político, o solicitar fondos para los mismos fines, así como utilizar con este objetivo los bienes y fondos de la institución”, lo que la presente ley califica como faltas disciplinarias, independientemente de que constituyan infracciones penales, civiles o administrativas consagradas y sancionadas en otras leyes vigentes.

Precisa que en el caso particular del Director General de Impuestos Internos, la Ley Orgánica de Impuestos Internos establece claramente en el Párrafo II, Articulo 5, que el “Director General debe reunir una reconocida capacidad e idoneidad profesional a los fines de cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la presente ley y normas legales vigentes. Ejercerá, además, sus funciones a tiempo completo y con dedicación exclusiva, con excepción del ejercicio de la docencia universitaria” (subrayado nuestro).

El artículo 83 de la Ley 41-08 establece el régimen disciplinario, con sus faltas y sanciones, a quienes violan el indicado texto legal, como “una falta de segundo grado cuya comisión da lugar a la suspensión de funciones por hasta noventa (90) días, sin disfrute de sueldo, las siguientes: 9) Realizar actividades partidistas, así como solicitar o recibir dinero u otros bienes con fines políticos en los lugares de trabajo;” (subrayado es nuestro)

Adicionalmente, la Ley Orgánica de Régimen Electoral No.15-19, en su artículo 284, dispone que “serán castigados con prisión correccional de seis (6) meses a dos (2) anos y multa de dos a diez salarios mínimos del sector público: 15) Los funcionarios administrativos o judiciales que se mezclaren en actos electorales, usando de su influencia oficial para las elecciones”. (subrayado nuestro)

E incluyen el señalamiento de que en su artículo 212, Párrafo IV, la Constitución de la Republica dispone que: “La Junta Central Electoral velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento”, por lo que la Junta Central Electoral también tiene responsabilidad en establecer las sanciones correspondientes, por lo que le notificamos el presente acto para fines de su conocimiento”.

Las citaciones mediante acto de alguacil incluyen al Superintendente de Valores, Gabriel Castro Morales, ministro de Turismo, Francisco Javier García Fernández, ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul y Fadul, ministro de Administración Pública, Manuel Ramón Ventura Camejo, ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, , Director General de Aduanas, Enrique A. Ramírez Paniagua, ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ángel Francisco Estévez Bourdierd, el Ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta .

Al Administrador General del Banco de Reservas, Simón Lizardo Mézquita, el presidente del Consejo Directivo de Indotel, Nelson José Guillén Bello, director Servicio Nacional de Salud, Chanel Rosa Chupani, la directora del Plan de Asistencia Social de la Presidencia, Iris Antonia Guaba, director ejecutivo del Departamento Aeroportuario, Marino Collante Gómez, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, Luisa Fernández Durán, directora de la Oficina Nacional de Estadísticas, Alexandra Izquierdo Méndez.

También el Director General de Impuestos Internos Magín Díaz, Rubén Bichara, vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Director General de Migración, Máximo William Muñoz Delgado, ministro de Agricultura, Osmar Benítez, ministro de Cultura, Eduardo Selman Hasbún, director de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, Alejandro Montás, ministro de Industria y Comercio, Nelson Toca Simó, directora del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Claudia Franchesca de los Santos, director general del Instituto Postal Dominicano, Carlos Modesto Guzmán Valerio, director general de Comunicación, Roberto Rodríguez Marchena, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez .