WASHINGTON. A medida que se desvanecen las perspectivas de una verdadera reforma migratoria, el presidente Barack Obama comienza ceder a las exigencias de algunos de sus aliados más firmes y buscar alternativas para obrar sin el Congreso a fin de reducir el sufrimiento que causan las deportaciones.

Al término de una reunión en la Oficina Oval con tres legisladores hispanos, la Casa Blanca hizo un anuncio a altas horas de la noche del jueves: Obama ha instruido a su jefe de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, que revise el programa de deportaciones del país, con vistas a encontrar alternativas más humanas para aplicar la ley sin desobedecerla.

La posición era imprevista por corresponder a un mandatario que apenas había dicho la semana pasada que en lo tocante a las deportaciones, él había hecho lo que estaba al límite de sus facultades presidenciales.

Aunque prefería una salida legislativa a una de las principales prioridades de Obama, la Casa Blanca había querido evitar este curso, a sabiendas de que cualquier medida que Obama adopte y sea percibida como una extralimitación sólo dará a los republicanos pretextos para eludir una solución al tema migratorio.

Después de todo, el Partido Republicano describe a Obama como un presidente que obra sin control, al citar la infinidad de cambios a la ley de salud del presidente y la decisión de éste de permitir la permanencia de los hijos a los que sus padres sin residencial legal llevaron a Estados Unidos.

Sin embargo, se ha intensificado lo que comenzó como la queja ordinaria de un electorado que figura entre el más leal a Obama ya que prominentes dirigentes hispanos describen a Obama como el “deportador en jefe”.

Los simpatizantes de la reforma migratoria que por mucho tiempo han dado a Obama el beneficio de la duda, decidieron que a pesar de ser persistentes han sido insuficientes los esfuerzos del mandatario para obligar a los legisladores a que actúen, y ya no están dispuestos a esperar al Congreso.