WASHINGTON. El presidente Barack Obama despejó el camino el miércoles para que las familias de rehenes estadounidenses paguen rescate por sus seres queridos, a pesar de una vieja prohibición de Estados Unidos a hacer concesiones a grupos terroristas. Como parte de una revisión de las políticas con respecto a los rehenes, la Casa Blanca dijo que “no tiene la intención de agravar el dolor de las familias con la insinuación de que podrían ser acusados penalmente”.

No habrá cambios en la ley que prohíbe dar apoyo material a los terroristas, pero el Departamento de Justicia indicó que no obligará a las familias que pagan rescate a rendir cuentas.

El gobierno ratificó su política de “nada de concesiones”, pero los funcionarios pueden ayudar a las familias a comunicarse con los secuestradores, sea por contacto directo con los grupos terroristas o a través de intermediarios.

“Estos esfuerzos tendrán por finalidad garantizar la seguridad de una familia para impedir que sean estafados o castigados aún más por el secuestrador”, dijo la Casa Blanca en un documento. “En pocas palabras, no abandonaremos a las familias en su momento de mayor necesidad”.

El presidente habló sobre la nueva disposición desde la Casa Blanca, poco después de una reunión a puertas cerradas con familiares de algunos rehenes. Obama ordenó la revisión el año pasado después que varias familias se quejaron de amenazas de acusaciones judiciales así como de la información escasa, confusa y a veces contradictoria brindada por el gobierno.

Las familias que expresaron más reclamos fueron aquellas que sufrieron la muerte de un ser querido secuestrado por el Estado Islámico, al Qaida u otros grupos. Los gobiernos europeos habitualmente pagan rescate y obtienen la liberación de sus rehenes. Pero Estados Unidos sostiene que el pago de rescate financia la actividad terrorista y convierte a sus ciudadanos en blancos más apetecibles.