Washington.- El presidente de EE.UU., Barack Obama, firmó hoy una nueva ley educativa que restaura la autoridad de los estados y los distritos locales sobre el desempeño de las escuelas, después de casi 14 años de estricto control federal en esa área.

La medida supone una reforma de la legislación “No Child Left Behind” (“Que ningún niño quede atrás»), firmada en 2002 por el entonces presidente, George W. Bush, y que generó fuertes críticas de los educadores por tratar de imponer, en palabras de Obama, “un modelo único” a todas las escuelas y los estudiantes.

Esa ley caducó en 2007, pero los desacuerdos entre republicanos y demócratas retrasaron hasta ahora la aprobación de una nueva legislación, que regulará la inversión de 26.000 millones de dólares anuales en la educación desde preescolar hasta los 18 años.

“Este es un gran paso en la dirección adecuada, un verdadero esfuerzo bipartidista”, dijo Obama al firmar la ley, titulada “Every Student Succeeds” (“Que cada estudiante tenga éxito»).

A lo largo del proceso de reforma, los demócratas estuvieron preocupados por la posibilidad de que la pérdida de control federal sobre las escuelas perjudicara a las minorías o a las familias de bajos ingresos, y provocara disparidades en el acceso a la educación entre estados o distritos escolares.

“Cada niño, sin importar su raza, los ingresos de su familia, sus orígenes o el código postal donde viva, merece la oportunidad de avanzar hacia donde desee en la vida”, subrayó Obama.

La ley exige por primera vez a los estados incluir a los alumnos que están aprendiendo inglés en su sistema de rendición de cuentas y aplicar criterios para identificar a esos alumnos, lo que podría beneficiar a “casi 5 millones” de niños, en su mayoría hispanos, según estimaciones de la organización Consejo Nacional de La Raza.

Por lo demás, el principal cambio que marca la ley es el fin de las directrices federales que definían la calidad de las escuelas. Ahora serán los estados los que crearán sus propios sistemas de rendición de cuentas, y determinarán cómo intervenir en las escuelas que se encuentren dentro del 5 % de instituciones con peor rendimiento, y aquellas que tengan bajas tasas de graduación.

La nueva ley mantiene las pruebas de lectura y matemáticas anuales para los grados de tercero a octavo, mientras que los estudiantes de secundaria solo tendrán que someterse a estas pruebas una vez. No obstante, la legislación también exige a los estados imponer límites a la cantidad de tiempo que los estudiantes pasan haciendo tests estandarizados.

Otro objetivo de la ley es que más niños de familias con bajos ingresos tengan acceso a una educación preescolar de alta calidad, mediante un nuevo programa de subvenciones que aprovechará fondos ya existentes.

Aunque la mayoría de educadores y sindicatos de maestros han dado la bienvenida a la ley, otros han expresado su inquietud por la posibilidad de que el aumento de poder de los estados les permita enmascarar el verdadero desempeño académico de las escuelas.