WASHINGTON.  AFP. Dos días después del inicio de la controversia en torno a las escuchas telefónicas a la agencia de prensa Associated Press, la Casa Blanca intentó este miércoles retomar la iniciativa al anunciar un proyecto de ley para proteger las fuentes de los periodistas.

Atacado desde todos los frentes, desde sus aliados demócratas hasta sus adversarios republicanos, el presidente Barack Obama no tardó en reaccionar, cuando su administración está en el centro de otras dos controversias, una sobre la investigación a grupos conservadores por la agencia tributaria norteamericana y la otra alimentada por los republicanos acerca del ataque contra el consulado estadounidense en Bengasi, en setiembre de 2012.

Si el proyecto de ley, que se presentará pronto en el Senado y que deberá ser aprobado en una versión idéntica por la Cámara de Representantes, es aprobado, permitirá a los periodistas y sus empleadores no revelar el nombre de las fuentes a las que le prometieron confidencialidad.

Actualmente, los periodistas sólo están protegidos por ese «escudo» en 40 estados de la Unión, según la organización de defensa de las libertades civiles ACLU, y únicamente algunos tribunales federales tienen una jurisprudencia similar. 

El proyecto crearía «un marco legal para determinar las circunstancias limitadas» en las que la justicia podría exigir que se revelen esas fuentes, según un documento preparado por el senador demócrata Charles Schumer.

Ningún privilegio «ABSOLUTO» en mayúsculas en el texto será atribuido a los periodistas, pero el Estado federal deberá argumentar ante un juez la necesidad de obtener la información.

El juez deberá sopesar el interés del público en revelar la fuente y el de proteger el trabajo de la prensa.   Sólo se harán excepciones en los casos en los que la información amenace la «seguridad nacional» o sea susceptible de impedir un atentado terrorista. 

Criterios demasiado amplios. Pero para Gabe Rottman, de la ACLU, esas excepciones otorgan demasiada amplitud al gobierno y no necesariamente hubieran impedido el episodio del espionaje de las llamadas telefónicas de AP.   Según él, sería necesario que la ley «exigiera que la amenaza a la seguridad nacional fuera muy, muy grave». «Habría que demostrar que la amenaza es inminente y real antes de obligar a los periodistas a revelar sus fuentes.

Ese umbral es necesario», dijo Rottman a la AFP.   En el caso de AP, «nuestro proyecto de ley como mínimo hubiera puesto en marcha un proceso más justo», declaró por su lado Charles Schumer. 

«El presidente apoya desde hace mucho tiempo una ley sobre la protección de las fuentes de los periodistas, cuando estaba en el Senado, durante la campaña de 2008 y desde que es presidente», explicó a la prensa Jay Carney, portavoz de la Casa Blanca.

Associated Press había anunciado el lunes que organismos oficiales habían espiado las conversaciones telefónicas de varios de sus periodistas, lo que suscitó la indignación de organizaciones defensoras de la libertad de prensa y puso a la administración a la defensiva. 

El gobierno justificó el martes este espionaje por un caso de fuerza mayor que «ponía en peligro a los estadounidenses».   Según AP. la investigación que justificó esa interceptación de las comunicaciones se vinculó a una «operación de la CIA en Yemen, que impidió en la primavera de 2012 un complot de Al Qaida que se proponía hacer explotar una bomba en un avión» en Estados Unidos.

Más de cincuenta grupos de prensa estadounidenses protestaron contra esta injerencia considerada «excesiva» y sin precedentes. La presidenta del Club Nacional de la Prensa, Angela Greiling Keane, habló de una «violación repugnante de la libertad de prensa».