WASHINGTON, AP. Aun cuando se vive una crisis migratoria en la frontera, las autoridades en la Casa Blanca planean actuar antes de las elecciones legislativas de noviembre para otorgar permisos de trabajo a quizá millones de inmigrantes que se encuentran en Estados Unidos sin autorización, lo que les permitiría permanecer en el país sin la amenaza de ser deportados, de acuerdo con intercesores y legisladores que se mantienen en contacto con el gobierno.   

La medida podría generar una enorme agitación política en un año electoral y hacer que algunos republicanos conservadores presionen para que se enjuicie políticamente al presidente Barack Obama, una posibilidad que los funcionarios de la Casa Blanca han discutido abiertamente.

Pero hay pocas señales de que la urgente situación humanitaria en el sur de Texas, donde decenas de miles de menores procedentes de Centroamérica cruzan solos la frontera, haya disuadido a Obama de planes para atender la situación de algunos de los 11,5 millones de inmigrantes que están en el país sin autorización.

El presidente anunció el mes pasado que las negociaciones legislativas para reformar el disfuncional sistema de inmigración del país habían llegado a un punto muerto, y que él procedería para arreglar el sistema donde su autoridad lo permitiera.

Desde entonces, ha pedido al Congreso 3.700 millones de dólares para lidiar con la crisis de los menores migrantes, una petición que no ha sido atendida, aun cuando la Cámara de Representantes y el Senado se debaten para ver si pueden votar esta semana alguna solución a la crisis antes del receso legislativo de agosto.

En tanto, funcionarios de la Casa Blanca liderados por la directora del Concejo de Políticas Internas, Cecilia Muñoz, y el asesor jurídico de la Casa Blanca, Neil Eggleston, junto con el secretario de Seguridad Nacional Jeh Johnson, han estado trabajando en un sumario de las medidas que Obama podría decretar, y se han reunido con frecuencia con grupos de interés y escuchado recomendaciones de los partidarios de una reforma migratoria, de autoridades, líderes religiosos, legisladores hispanos y otros.

Activistas y legisladores que tuvieron reuniones por separado el viernes dijeron que el gobierno sopesa un amplio rango de opciones, incluidos cambios en el sistema de deportación y formas de otorgarle a ciertas poblaciones específicas del país una exención para que no sean deportadas, probablemente mediante la expansión de una directriz emitida por Obama hace dos años que otorgó permisos de trabajo a ciertos inmigrantes que entraron sin permiso al país cuando eran niños.

Ese programa, conocido como Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), cubre a unos 500.000 inmigrantes hasta ahora.

Los activistas buscan que la suspensión de deportaciones sea válida para cualquiera que cubra los requisitos de naturalización estipulados en una iniciativa de reforma migratoria aprobada por el Senado el año pasado, lo que equivaldría a unas nueve millones de personas.