Durante la nefasta era de Trujillo, el Estado, que era pequeño y ágil, se ocupaba de que todo negocio estuviera registrado. La patente era obligatoria. La economía informal no era una preocupación. Luego de la caída de la tiranía, el Estado se fue haciendo obeso y pesado, y dejó de ocuparse de hacer cumplir muchas regulaciones. Los líderes post Trujillo se cuidaban de no parecer opresores, y en vez de propiciar un estado de libertad, dieron cabida al libertinaje. De esa debilidad nació, creció y se ha alimentado la economía informal.

Ahora que lo informal se ha agigantado, el Estado y parte del liderazgo de la economía formal truenan tambores de guerra contra una informalidad económica que se ha dejado crecer y crecer a costa de no aplicar las regulaciones existentes. La formalización debería ser un proceso en el que el Estado, como facilitador, procurara un consenso para actualizar las reglas y propiciar que todos entren al redil de la formalidad.

Quienes están en el sector informal, que mal que bien aportan muchísimo al PIB, no tienen la culpa de que el Estado se haya hecho tan obeso y pesado, que no puede con sus propias obligaciones. Lo que ha debido ser libertad de empresa ha degenerado en libertinaje, con un efecto fiscal desastroso para el Estado y generando inequidad en perjuicio de la economía formal. De nuevo se insiste en ver la fiebre en la sábana.

SEGURIDAD CIUDADANA

Las operaciones de registro de personas y vehículos, que tienen por finalidad mejorar la deteriorada seguridad ciudadana, deben caracterizarse por el respeto absoluto al ciudadano, sin que el trato cortés signifique merma de la autoridad. Nuestro postulado se basa en la frecuencia conque agentes policiales recurren a la fuerza para manejar situaciones para cuyo control no hay que llegar a los extremos.

Que disminuyan los actos delictivos y aumenten los niveles de seguridad pública es una gran aspiración de la sociedad dominicana. Y reconocemos que las operaciones de registro de personas y vehículos responden a ese mismo interés. Nuestro llamado procura que ninguna actitud imprudente, ningún uso indebido de la fuerza, lesione derechos ciudadanos y el propio interés de las autoridades. Hay que procurar que predomine un equilibrio en el que lo cortés no signifique merma de lo valiente.