POR GERMAN MARTE
El obispo y todos los sacerdotes de la diócesis de San Pedro de Macorís rechazaron ayer las acusaciones de algunos sectores de la industria cañera en contra del párroco de San José de Los Llanos, Christopher Hartley, y destacaron que el religioso cuenta con su respaldo en la labor que realiza en contra de la explotación, la violación a los derechos humanos y la discriminación racial en los bateyes de la zona.

El Obispo monseñor Francisco Ozoria Acosta, los sacerdotes y los diáconos de la Diócesis de San Pedro de Macorís afirmaron que las amenazas, las actitudes de algunas personas y sus manifestaciones, “ocultan las verdaderas causas y las razones profundas de estas agresiones contra un sacerdote de nuestra diócesis y sus colaboradores”.

Adujeron que tras las apelaciones a la exaltación y defensa de la dominicanidad y la independencia nacional, se esconde un falso patriotismo y graves actitudes xenófobas y racistas, expresadas sin pudor por los organizadores de dichas manifestaciones de repudio.

De acuerdo con el obispo y los demás sacerdotes, las manifestaciones contra el padre Hartley ocultan los verdaderos y oscuros intereses económicos de alguna empresa azucarera, que está financiando dicha campaña de difamación y descrédito, y que en nada se compadecen con el verdadero amor a la patria y mucho tienen que ver con el odio racial y la avaricia económica.

Sectores vinculados a la industria azucarera en la región oriental acusan al padre Hartley de promover la “haitianización” de la República Dominicana.

Empero los religiosos sostienen que el problema es que por la actividad pastoral de la Parroquia de Los Llanos y CEDAIL, realizado desde hace más de seis años en los bateyes de la parroquia, los trabajadores de la caña y sus familias (dominicanos y haitianos) han ido conociendo su dignidad y sus derechos y han ido perdiendo progresivamente el temor a hablar de la situación inhumana y de injusticias a las que están sometidos y se han ido organizando para reclamar y defender sus derechos humanos y laborales.

Y esto, añade el documento, ha afectado las ganancias económicas de unas empresas situadas en su territorio y que sostienen sus beneficios en flagrantes injusticias.

“La Iglesia no puede permanecer indiferente ante las vicisitudes sociales”, afirman los religiosos.

Manifestaron que la denuncia de los males y de las injusticias pertenece a la evangelización en el campo social y es un aspecto de la función profética de la Iglesia.

Y añaden que la Iglesia es servidora de la salvación no en abstracto o en sentido meramente espiritual, pues “mientras la pobreza hiera y desfigure a un ser humano, en cierta manera, toda la sociedad quedará herida”.

Con respecto a los trabajadores que, procedentes de otros países o de otras regiones, cooperan en el crecimiento económico de una nación o de una provincia, se ha de evitar con sumo cuidado toda discriminación en materia de remuneración o de condiciones de trabajo, sostiene el documento emitido por la diócesis de San Pedro.

 Explica que cuando se creó la diócesis, en 1997, los haitianos ya estaban aquí, y han seguido siendo traídos ilegalmente en cantidades ingentes por las compañías azucareras privadas y estatales, en muchos casos con la ayuda de algunos organismos del Estado. “Ni el padre Christopher, ni ningún sacerdote de esta diócesis han traído jamás un solo haitiano a este país, ni han pagado jamás a nadie para que lo haga, ni siquiera han invitado a ninguno a venir”, expresa.

Tras reconocer el derecho y la obligación del Estado dominicano de defender la soberanía nacional, los sacerdotes y el obispos sostienen, empero, que  si algunas empresas necesitan traer trabajadores haitianos o de otros países, “deben tratarlos como seres humanos y personas que son, con los mismos derechos y obligaciones que los trabajadores nacionales, como consagra el derecho internacional, la Constitución de la República y las leyes laborales del país”.

“El padre Christopher no está solo. Lo que él hace es un trabajo de Iglesia, con un nombramiento y un mandato del obispo. Nosotros, los pastores de la Iglesia en San Pedro de Macorís, estamos con él. Por esto, apoyamos totalmente la persona y el trabajo pastoral de Christopher, de CEDAIL, y de sus colaboradores parroquiales”.

Los religiosos proponen a sus fieles informarse adecuadamente de la situación para formarse un juicio verdadero sobre el asunto, acercarse a los bateyes y sus moradores con espíritu fraterno, evitar comentarios superficiales que puedan poner en duda la acción de la Iglesia y sus pastores en relación con la pastoral en los bateyes, e informar a sus vecinos de la verdad de lo que sucede.

Asimismo, sugieren evitar el racismo en las expresiones y en las actitudes y acciones, promover entre los laicos el estudio de la Doctrina Social de la Iglesia e implicarse personalmente en la Pastoral Social de la Iglesia.

Además del obispo Ozoria Acosta, firman la declaración de apoyo al padre Hartley los sacerdotes Jacinto Nolasco de Paula, Julio Antonio Pascual Vargas, Raúl Gálvez, Ramón Francisco García, Luís Antonio González, Saturnino Ortiz, José Manuel Pedraza, Antonio Diufaín Mora, Alejandro de la Cruz, Vicente Sánchez, Genaro Cachaca, Pilar Maximinio Matos, Benigno García, Docilio Mercedes,

José Alfonso Cabral, José Antonio Pérez Luzón, Pedro Julio Peguero, además, los diáconos Catalino Mejía,  José Abad Núñez y Matías Medina.