Obispos no quieren ley iguale iglesias

El Episcopado Dominicano se declaró ayer en contra del proyecto de Ley General de Asociaciones Religiosas  por considerar que abriría la posibilidad de que surjan grupos religiosos o pararreligiosos con fines meramente económicos.

Consideró además que el estatuto, orientado a igualar el trato del Estado a las iglesias, crearía el riesgo de la legalización de matrimonios oficiados por  ministros sin preparación.

La Conferencia del Episcopado Dominicano rechazó ayer la aprobación del proyecto de Ley de Asociación Religiosa alegando que se colocaría al país en una situación de riesgo de diversa naturaleza como la posibilidad de la celebración de matrimonios a cargo de ministros sin adecuada preparación ni experiencia.

Los obispos Nicanor Peña, vicepresidente de la Conferencia y Juan Antonio Flores, presidente de la Comisión  Asesora Legal se reunieron con la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados a la cual entregaron un documento en el que objetan el proyecto de ley.

Entienden que de aprobarse se abre la posibilidad de que surjan nuevos grupos religiosos o parareligiosos con fines meramente económicos y además se crearían  complicaciones para el Estado en cuanto al registro y control de los matrimonios religiosos.

Dijeron que “un estudio ponderado del referido proyecto nos lleva a concluir que su objetivo principal no es garantizar la libertad de cultos como se reseña en el artículo cinco porque  la libertad de cultos está garantizada por la Constitución de la República  y el Estado de derecho  vigente.

Sostienen que la personería jurídica de la Iglesia Católica y su vigencia no puede estar condicionada  a su inscripción en un Registro Nacional de Iglesias, como se establece en los artículos 10 y 11 porque contradice las libertades fundamentales consagradas en la Constitución.

La clave

Proyecto excluyente

Dijeron que el proyecto no sería aplicable a la Iglesia Católica porque la pieza en su artículo 34 establece “que no regirá las confesiones cristianas que estén amparadas en alguna otra ley especial o Convenio Internacional  que el Estado dominicano haya contraído en materia religiosa”. Les preocupa que la ley abra espacios para que personas funden iglesias sin control con la única motivación de obtener beneficios económicos.