La Comisión Nacional de Pastoral Familiar y Vida del Episcopado Dominicano expresó ayer su rechazo a la observación hecha por el Poder Ejecutivo al Código Penal, en lo referente a la penalización del aborto, porque “viola nuestra Constitución: el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso, la pena de muerte”.

En un documento la Comisión considera que una eventual “legalización del aborto es dictar pena de muerte, a una persona por demás indefensa, aunque esta provenga de una violación de la que ella no es nada responsable, o bien pudiera tener alguna malformación”.

En su comunicado reconoce que la violación produce un trauma en una mujer violada. “Y esto no es nada deseable y del todo reprobable. Ahora bien, entiéndase bien que un aborto provocado es y será para siempre un trauma sicológico perdurable en el tiempo (Síndrome del Post-Aborto). “De modo que además del trauma de la violación, ¿el Estado va a legislar para que en vez de un trauma, tenga dos?: el de la violación y el del aborto provocado. A quien hay que penalizar es al violador, mientras que a la mujer con su criatura darle el apoyo y acompañamiento justo y solidario”, dice la carta.

El comunicado explica que la carta del presidente Danilo Medina es excluyente cuando habla del derecho a la vida y a la salud, el respeto a su dignidad humana y a su integridad psíquica y moral, referido a la mujer embarazada, porque solo se refiere a la mujer, “a la que naturalmente hay que salvar siempre, no reconociendo que allí en una mujer embarazada hay otra persona, otro ser humano al que hay que salvar y no condenar, tal como establece el artículo 38 de nuestra Constitución”. Consideran que el Estado no tiene derecho a violar su propia Constitución, condenando a muerte vidas indefensas e inocentes.

“Promover, inducir y legalizar abortos, sí es una violencia contra la naturaleza de una mujer. Implorar a los organismos internacionales, que han tratado irresponsablemente a la República Dominicana, ha de constituir una vergüenza para todos los dominicanos”, agrega la carta. El Código Penal fue convertido en Ley por la Cámara de Diputados y el presidente Medina lo observó escuchando la voz de organizaciones civiles.