POR ALTAGRACIA ORTIZ .
El secretario de Salud Pública debería renunciar de su posición, porque defender que el Estado invierta US$25.0 millones en una clínica privada de Santiago, de la que él forma parte, está reñido con la ética. La opinión corresponde a los doctores Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD); Fulgencio Severino, experto en Seguridad Social y Víctor Díaz Alba, ex presidente del Colegio.

El presidente del CMD dijo que la información de que el propio secretario de Salud forma parte de los inversionistas de ese centro privado, agrava la situación.

«Esas son las cosas que sólo se ven en este país, no se está criticando el proyecto privado, lo que nosotros deploramos es que el propio secretario defienda la inversión del Estado en un centro privado, del que además él forma parte», lamentó Suero.

Asimismo, Díaz Alba consideró «una inmoralidad del Gobierno», aportar esos RD$1000.0 millones de pesos. Abogó para que ese acuerdo sea dejado sin efecto.

Los galenos aseguraron que constantemente en el país se ha abusado del patrimonio del Estado. Sin embargo, Díaz Alba manifestó que la renuncia de un funcionario no resuelve en sí la situación, «porque podría venir otro que lo haga peor».

Los entrevistados consideraron «indelicado» que el secretario use sus influencias con el Presidente de la República para favorecer un proyecto privado, en el cual se le cobrará a los pobres por cada servicio que se les brinde. De su lado, el doctor Fulgencio Severino, experto en Seguridad Social y cardiólogo, consideró que el secretario de Salud, debería renunciar de su posición, dado el conflicto de intereses en el que está involucrado.

UNA RADIOGRAFIA DE LA REALIDAD

Hace dos días, un paciente que llevaba ocho días ingresado en el hospital público Francisco Moscoso Puello, debió ser trasladado a un centro privado, porque allí no había condiciones ni para hacerle un electrocardiograma. Ese es un estudio simple para revisar si una persona ha hecho un infarto agudo del miocardio.

«Ese es el reflejo de la salud de este país, eso te dice que el Gobierno no tiene política de salud clara y definida», expresó el doctor Severino.

Recordó que la política «debe tener como meta repartir en forma equitativa todo cuanto existe para el bien común. Pero la realidad es que los más los pobres tienen que pagar por cualquier servicio especializado que se les indique».

Indicó que el proyecto está vinculado al fraude de los bancos, pues los principales accionistas vienen de los bancos quebrados, entre ellos José Hazim, del Banco Mercantil y Banínter, quien tiene más del 50 por ciento de las acciones.

«El Gobierno lo que debería hacer es estimular a que los accionistas compren la parte que correspondía a Banínter y usarlo para reducir el deficit del Banco Central», dijo el experto en Seguridad Social.

Fue enfático al señalar que el doctor Sabino Báez debería renunciar, porque su vinculación a ese proyecto lo cuestiona éticamente hablando.

Dijo que en cualquier país en donde se produce un conflicto de intereses de ese tipo, las leyes hacen que el funcionario tenga que dimitir.