POR GERMAN MARTE
El economista y ex dirigente peledeísta, Miguel Solano, advirtió ayer que los miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que pasen a ocupar cargos públicos en el próximo gobierno, deberán ser sustituidos en sus puestos por otros miembros del Comité Central como establecen los estatutos de esa organización.

Empero, advirtió, la dirección del PLD se ha propuesto cambiar los estatutos siguiendo métodos «fraudulentos» para permitir el nombramiento de dirigentes del Comité Político en el nuevo gabinete de Leonel Fernández.

Precisó Solano que el artículo 20 de los estatutos del PLD establece que los miembros del Comité Político que pasen a ocupar una función pública no electiva cesarán en sus funciones, salvo el caso del presidente y el secretario general que serán electos por votación de las bases del partido.

Solano dijo que ahora la cúpula del partido quiere violentar de manera «irresponsable» lo que dicen los estatutos, pero advirtió que «la gente del Comité Político que quiera ir al gobierno tiene que entender que e` pa` fuera que van».

Indicó que una plenaria de dirigentes no tiene facultad para modificar los estatutos de la organización, ya que esto compete únicamente al Congreso del partido.

Precisó que el artículo 26 de los estatutos establece que el Pleno Nacional de Dirigentes tiene como atribución evaluar los trabajos del Comité Central, así como velar por el cumplimiento de las decisiones del Congreso y del Comité Central.

Entre los miembros del Comité Político peledeísta que irían al gobierno a partir del 16 de agosto figuran Danilo Medina, Felucho Jiménez, Alejandrina Germán, Radhamés Segura, Jaime David Fernández Mirabal, Norge Botello, Eduardo Selman y Euclides Gutiérrez Féliz.

Empero, Solano dijo que «si utilizan ese grupo de dirigentes hambrientos por puestos públicos para violentar la constitución del PLD todo cuanto están haciendo es corromper al partido».

Manifestó que corromper al PLD conduciría a una haitianización del país a través de un gobierno sin respeto a la institucionalidad, que prepararía al país para que las fuerzas internacionales lo tomen como han hecho con Haití.