Las instituciones descentralizadas y autónomas del sector público, incluidos los ayuntamientos, tendrán que someter sus presupuestos al Congreso, para su aprobación.

Así lo contempla el proyecto de reforma y modernización de la Ley de Presupuesto, el cual establece penalidades respecto al incumplimiento de esta disposición, según informó el Programa de Administración Financiera Integrada (PAFI). En ese sentido, ejecutivos de la PAFI explicaron que aunque los presupuestos de las instituciones públicas descentralizadas y autónomas son tan significativos como la del presupuesto del gobierno central, éstos no son aprobados por el Congreso.

En ese sentido hablaron la directora del PAFI, María Felisa Gutiérrez, y los asesores José Alfredo Guerrero y Raúl Calle, en el Encuentro Económico de HOY.

Gutiérrez señaló que la ley actual de presupuesto establece que las instituciones descentralizadas deben presentar sus presupuestos e ir al Congreso para su aprobación, pero no lo hacen. «Y nosotros lo estamos retomando».

El proyecto de reforma y modernización de la Ley de Presupuesto fue enviado al Senado por el Poder Ejecutivo, la semana pasada.

Dentro del proyecto en cuestión «se incluye, se vuelve a incluir, porque está en la ley actual», el que las instituciones presenten sus presupuestos al Congreso para fines de aprobación.

Hoy en día, «tu tienes un presupuesto deficitario, porque en realidad no es el presupuesto del gobierno, sino de una parte del gobierno», agregó.

Explicaron que en el citado proyecto se establece penalidades para quienes no cumplan la ley a ese respecto.

Calle, al intervenir, señaló que la visión de presupuesto debe ser una visión del sector público como tal, no solamente del gobierno central.

Es decir, «el gasto público es del sector público y el sector público es el gobierno central, las entidades descentralizadas e incluso los ayuntamientos», añadió.

En este punto intervino Gutiérrez para resaltar que el ayuntamiento tiene 7.35% de los ingresos nacionales.

EL PAFI, institución gubernamental, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), explicó que con relación a la formulación y aprobación del presupuesto, la mayor dificultad en esta fase es la existencia de un plan estratégico que haga del presupuesto un instrumento de maximización pública, a fin de asegurar la equidad social y la previsión de bienes públicos esenciales, promover la igualdad de oportunidades y garantizar el desarrollo económico.

Consideró que la ausencia de elementos estratégicos ha determinado que el presupuesto se transforme en una práctica ritual, formal y exclusivamente incrementalista expuesto a presiones de todo tipo, por la falta de un conjunto de preferencias que enmarquen la atención prioritaria de necesidades públicas.

Fueron sometidos al Congreso también el proyecto de Ley de Crédito Público, uno sobre el régimen para las compras y contrataciones de bienes, obras, servicios y concesiones del Estado.