JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ ROJAS
Después de haber leído un informe sobre la asistencia de nuestros legisladores a sus respectivas Cámaras y de conocerse que la mayoría cobra, no sólo sus salarios sin asistir puntualmente a las sesiones ordinarias y extraordinarias, sino que aparte de eso reciben RD$4,000.00 por cada sesión más alrededor de RD$12,000.00 mensual por concepto de combustible, todo esto sin contar con dietas extraordinarias, es de rigor preguntarse ¿hasta cuándo los ciudadanos que pagan los impuestos permitirán que estos emolumentos  y estipendios sean distraídos por los que se autoproclaman voz y voto del pueblo?

En nuestro país, se supone que la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, para muchos casos es el organismo que audita las operaciones, programas y proyectos de la mayoría de las instituciones gubernamentales. Sin embargo, desde el momento en que sus miembros se aumentaron considerablemente el salario mensual que percibían, así como las dietas por sesiones, ella misma se descartó para constituirse en un ente regulador para defender los intereses del Estado Dominicano frente a las irregularidades que cometen sus dependencias.

Cuando una persona, sea del sector público o privado, cobra por realizar una acción que no ejecuta, en derecho común eso se denomina estafar, cuya definición según el diccionario de la Real Academia Española es la siguiente: «Estafar. Tr. Pedir o sacar dinero o cosas de valor con artificios y engaños, y con ánimo de no pagar. 2. Der. Cometer alguno de los delitos que se caracterizan por el lucro como fin y el engaño o abuso de confianza como medio». Cobrar una mensualidad por encima de RD$600,000.00, dependiendo del denominado «cofrecito» por asistir a una o dos sesiones, es defraudar al votante que lo eligió y al erario por trabajo no realizado. A esta burla hay que ponerle coto con la creación de un organismo regulador que se encargue de descontarle el monto equivalente a cada sesión que no asista y al mismo tiempo, impedirle que cobre la dieta y demás estipendios por combustible y cuotas extraordinarias.

El problema es que la separación de los poderes en nuestro país se encuentra altamente contaminado, ya que entre los tres: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se combinan para justificar sus artimañas y los funcionarios de cualquiera de ellos se cuidan para no atentar contra los «irritantes privilegios» que se reciben sin realizar labores que justifiquen dicho estipendio. De ahí nace la manoseada teoría de «borrón y cuenta nueva».

Si nuestros legisladores se ocuparan de elaborar y presentar anteproyectos de leyes que beneficien a la población, posiblemente esos desfalcos pasarían desapercibidos o su comisión no tendría el resquemor y la impotencia que causa en la ciudadanía, ya que se entiende que al menos deben realizar una labor loable. Pero, a título de ejemplo, el «legislador» que propuso que la mujer no podría aparecer en bikini en la televisión o spot publicitarios, debería ser enjuiciado por la comunidad que lo eligió y solicitarle su renuncia por presentar anteproyectos insustanciales y con un grado enorme de estar propiciando la ilegalidad, al prohibirle a la mujer que exhiba su cuerpo de la manera que ella lo estime conveniente. ¿Quién le habrá otorgado a este ciudadano el derecho de prohibir a la mujer que participe en pasarelas o en concursos en donde se exhiben en bikinis? ¿Habrá cometido el susodicho «legislador el exabrupto de creerse con derecho a establecer preceptos anacrónicos?

El caso relatado anteriormente no es un precedente casual, ya que si se revisan las actas, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, encontraremos «lindezas» muy similares, de anteproyectos de ley intrascendentes, que lo único que han logrado es poner en ridículo al proponente y demostrar que la curul que ocupa le queda muy grande y que si fuera una persona sensata renunciaría para que su lugar lo ocupe un verdadero legislador.

El avance que ha logrado nuestro país en el campo de las relaciones internacionales, en donde la última adición ha sido el DR-Cafta y la presencia inquisitoria del Fondo Monetario y organismos similares, nos llevan a la conclusión que se necesita este organismo superior que regule a los organismos autónomos y dependencias del Estado, cuyos gastos mensuales son millonarios y resultan altamente onerosos para los ciudadanos. Por eso es necesario ser cuidadosos a la hora de votar por los candidatos a ocupar cargos congresuales, municipales y otros, tratando de que estos sean personas con verdadera vocación de servicio.