En la línea de muchas de sus promesas de campaña, el futuro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó ayer su ambicioso Plan de Austeridad Republicana, que busca acabar con la corrupción y los privilegios para favorecer programas sociales a través de 50 puntos.
Este plan “es importante por que es la suma de las principales acciones para combatir la corrupción y lograr austeridad republicana en el Gobierno. Para que se aplique lo que decía (el presidente) Benito Juárez, para que el funcionario viva en la justa medianía”, dijo el líder izquierdista en una rueda de prensa desde sus oficinas en la colonia (barrio) Roma de la Ciudad de México.
El futuro mandatario de México, que asumirá el cargo el 1 de diciembre, describió los 50 puntos de este rompedor programa de austeridad, que aseguró que acabará con los “métodos de la política tradicional». Aunque el plan se filtró a medios en días recientes, muchas de las propuestas fueron este domingo aplaudidas por simpatizantes que se congregaron en las oficinas de López Obrador, y que en más de una ocasión lo interrumpieron para corear su nombre.
En esencia, el Plan de Austeridad Republicana busca un mayor ahorro del gasto corriente de la administración pública para poder canalizar los recursos a programa sociales como la pensión universal para adultos mayores y el programa de becas y prácticas profesionales remuneradas para jóvenes.
Aunque ayer no dio cifras, este sábado explicó que este conjunto de medidas deben ayudarle a recuperar al menos 500,000 millones de pesos (unos 26,427 millones de dólares), que destinará al “desarrollo” del país.
Se eliminarán privilegios, y sentando ejemplo hoy el líder de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) detalló que su salario quedará en 108,000 pesos mensuales (unos 5,700 dólares), el 40 % de lo que gana el actual mandatario, Enrique Peña Nieto.
“Yo decido ganar menos de la mitad, cumpliendo con mi compromiso”, dijo entre vítores. Algunos de estos 50 puntos son de sobra conocidos, como la reforma de la Constitución para que el presidente en funciones pueda ser juzgado por delitos electorales y corrupción o la cancelación de las pensiones de los expresidentes. También la conversión de la residencia oficial de Los Pinos en un espacio cultural.