Si uno quisiera conocer el grado de indolencia de los funcionarios de todos los gobiernos que hemos padecido, sólo tendría que tomar una muestra en cualquier ciudad donde se hayan celebrado juegos nacionales, para darnos cuenta el poco interés de ellos para proteger las cuantiosas inversiones realizadas en los mismos.

Desde el Centro Olímpico con sus piscinas dañadas o sin aire en el palacio Virgilio Travieso Soto hasta las últimas obras construidas para los juegos de San Juan, hay todo un sendero decorado con ruinas de hormigón y acero, deteriorándose por culpa de quienes no les interesa cuidar de las obras, sino por circunstancias y ventajas del momento acuden a repararlas cuando ya no resisten más las presiones populares o se avecina algún evento que requiere el uso de determinado estadio.

Álvaro Arvelo, en su columna Cápsulas del pasado viernes 17 de julio en El Nacional tronó con su pluma y con su incisivo y preciso lenguaje, por ese descuido. Todas las verdades expuestas retratan de entero a los funcionarios indolentes a quienes no les interesa cuidar el patrimonio deportivo del país en donde se ha invertido un considerable volumen de dinero para estar ahora en desuso y casi destruidos.

Las presiones de los pueblos a los gobiernos para que se les construyan estadios y pabellones de los más variados para la práctica deportiva, provienen por lo general con más fervor de los cronistas deportivos que de las autoridades deportivas, que les temen, y con la alianza de comunidades interesadas en ver celebrarse los juegos en sus poblaciones, entonces se aúnan las demandas que, por lo general, son exitosas, sin prever los resultados después de finalizadas las competencias, cuando esas instalaciones comienzan su etapa de deterioro por la falta de mantenimiento.

Es notoria la falta de mantenimiento en las obras deportivas. Esa dejadez oficial compite cabeza con cabeza con la observada en las carreteras, calles edificios públicos, por lo  que ahora las comunidades se soliviantan en reclamo de atención a sus necesidades más perentorias, para lograr que esas obras vuelvan a rendir el servicio para el cual fueron construidas.

Y en eso del poco interés oficial por el mantenimiento, guarda relación directa con los beneficios que pudieran derivarse de esa acción oficial de cuidar las obras públicas, donde por lo general no se mueven tantos recursos como cuando se trata de una obra nueva y, más ahora, cuando cualquier construcción absorbe cuantiosas sumas de varios millones de pesos que, comparado a lo que debe gastarse en mantenimiento, es abrumadora. Además, los beneficios para los responsables del mantenimiento, tanto contratistas como supervisores o empleados, no les alcanza para ir a celebrar a los restaurantes de lujo de la capital, favoritos de los  funcionarios cuyos  ministerios mueven el mayor volumen de dinero para las mega obras.

Nunca hay dinero para el mantenimiento, tan solo cuando brotan las protestas populares aparece de inmediato el dinero, como es ahora con el plan nacional de asfaltado de calles, procurando aplacar protestas y preparar un ambiente más propicio al gobierno frente a las actuales perspectivas de un mal desempeño en las elecciones de mayo del 2010.