El presidente Danilo Medina, que goza de un 90 por ciento de aprobación por sus ejecutorias de gobierno, según la encuesta de la firma Consultora Mitofsky, tiene el gran reto de buscar recursos para la extensión del Metro sin descuidar capítulos importantes como el plan nacional de mantenimiento de las redes viales.
Aunque desde un comienzo se había advertido que no se disponían de fondos para ampliar la línea 2 del Metro hasta la zona oriental, en una primera fase, el persistente reclamo de residentes del área, en su mayoría trabajadores de clase baja, ha comprometido a llevar adelante esa obra.
Sin embargo, el cuidado y supervisión de las diferentes vías troncales del país para advertir a tiempo deterioros y hacer oportunas reparaciones que garanticen las inversiones realizadas, está en peligro por el limbo en que ha quedado el proyecto de aumentar los precios de los peajes.
El Gobierno está sin duda ante una situación delicada porque han comenzado a aflorar quejas por el incremento de las deudas, a través préstamos y bonos y no se vislumbra una fórmula para poder seguir proyectos en vías de ejecución, sin que esto conlleve la creación de nuevos impuestos, en vista de que se busca evitar, a todo trance, motivos de descontento en la población que puedan disminuir el amplio nivel de aceptación que tiene Danilo, en este momento el más elevado entre todos los gobernantes de América Latina.
Fue por esa expresa razón que, luego de que el alza de los peajes se proyectaba como decisión inminente, una declaración presidencial envió un mensaje de tranquilidad y desinfló rápidamente las protestas de conductores y las amenazas de choferes y transportistas de carga que resultarían afectados.
Sin embargo, esos mismos quejosos serían los primeros que comenzarían a protestar, y no precisamente por medios razonables y pacíficos, si comenzaran a presentarse hoyos y fallas en las autopistas por la falta de dinero para los trabajos de reacondicionamiento, sin los cuales ninguna obra perdura, aunque haya sido construida con los mejores estándares.
La pregunta que ha quedado hasta ahora sin respuesta, es de dónde obtendrá los recursos el Ministerio de Obras Públicas para garantizar el mantenimiento de las vías si el peaje no se aumenta y se mantiene la supresión al incremento del marbete o derecho al tránsito de vehículos.
Es un dilema de difícil resolución que tendría otras implicaciones en perjuicio de la seguridad ciudadana, ya que los programas en las carreteras abarcan más allá de las reparaciones propiamente físicas. Por ejemplo, es primordial mantener el patrullaje en camionetas con personal policial y militar, además de asistencia técnica en casos de desperfectos y accidentes, lo cual requiere provisiones seguras para su sostenibilidad.
Si por alguna vía no se crean las condiciones para que Obras Públicas pueda compensar los recortes que tuvo en su presupuesto, podrían también suprimirse o verse postergados, de forma indefinida, planes de iluminación como los que estaban previstos con un monto de 30 millones de pesos en Boca Chica, donde la oscuridad en las calles facilita la labor de asaltantes y rateros.
Es de esperar que esta incertidumbre pueda ser despejada por el presidente Medina con su sensibilidad y su probado tacto político para manejar situaciones no siempre del todo previsibles que se han presentado en el camino con quejas, preferencias e incomprensiones, sin que esto haya disminuido su elevada popularidad.