En la política de obras estatales hay muchos aspectos  deplorables y onerosos para la economía. Asignaciones grado a grado que violan normas éticas, construcciones por clientelismo político, sobrevaloraciones, abandono de estructuras a medio talle y falta de planes de mantenimiento  conforman un cuadro en el que destaca la indolencia de los gobiernos ante los bienes del Estado.

El ingeniero Pedro Delgado Malagón, ex secretario de Obras Públicas y presidente de la empresa Tecnoamérica, define como un dolor de de cabeza  la falta de programas de mantenimiento de obras del Estado, que atribuye a imposibilidad  administrativa y económica.

Todos los factores señalados representan un desperdicio de enormes sumas de dinero. La falta de mantenimiento acorta la vida útil de  obras costosas e importantes. Aunque el Gobierno carece de los medios y recursos necesarios para un mantenimiento adecuado, existe el recurso de la contratación de empresas de servicio especializadas en la materia.

 Lo que no tiene justificación alguna es que se hagan cuantiosas inversiones en obras de infraestructura que luego se deterioran y dejan de ser útiles antes del tiempo previsto, porque les ha faltado mantenimiento adecuado y oportuno. El Gobierno tiene que enfocar su atención hacia este punto débil de la política de obras del Estado.

Drogas, alcohol y criminalidad

En la mayor parte de los delitos y crímenes horrendos que se cometen en el país está presente la influencia del consumo de drogas o alcohol por parte de sus autores y cómplices. La Sociedad Dominicana de Siquiatría juzga muy preocupante esta relación y destaca la particularidad de que el 80% de las personas que guardan prisión por actos de esa naturaleza no sobrepasa los cuarenta años de edad. Eso significa que en la mayoría de los casos, el alcohol y las sustancias prohibidas empujan a gente de corta edad a actuar fuera de la ley.

Los mismos precursores -drogas y alcohol- están presentes en cada feminicidio o agresión de género que se cometen en abundancia en este país.  La incidencia de estas sustancias entre las causas de violencia es cada vez más acentuada. Las autoridades tienen que ocuparse de elaborar políticas dirigidas a contrarrestar estos factores tan preocupantes para la sociedad.