Partidos que hacen compra masiva de votos en comunidades enteras y amenazan a sus habitantes con perder todos los apoyos sociales si un solo sufragio va a otro contendiente. Candidatos que denuncian que el crimen organizado ya les ha dicho quién será el ganador pero que ellos deben «aparentar» estar en campaña. Mujeres indígenas usadas como «botín» electoral para sumar apoyos.
Estos son algunos de los focos rojos detectados por las 28 ONGs que participan en la Red Ciudadana de Observación Electoral, una iniciativa apadrinada por el Programa de Naciones Unidas para el desarrollo en México que presentó ayer algunos resultados preliminares sobre la vigilancia que llevan a cabo estos colectivos del actual proceso electoral.
El trabajo de todas estas ONGs representa un esfuerzo de observación «más integral, diversificado y profundo» que nunca del antes, durante y después de los comicios del 1 de julio, indicó la coordinadora de la iniciativa, la académica Irma Méndez. Y todo a pesar de que en este año el programa contaba con menos financiación.
La compra de votos es una práctica tradicional en México desde el siglo pasado pero el mayor problema es que ahora «se ha elevado descomunalmente» porque se han relajado las reglas para acceder a 6,434 programas sociales que están vigentes en México, explicó Beatriz Camacho, del colectivo Alianza Cívica Nuevo León.
Condicionar el voto de esta manera se han convertido en una forma de relación consentida entre políticos y ciudadanía «que no tiene caminos transparentes de rendición de cuentas», agregó.
Camacho puso como ejemplo la «compra masiva de comunidades completas» que su organización ha detectado en lugares de Chiapas y en concreto, con la elección para gobernador. «Cuando llegamos a las comunidades nos decían: ’aquí ya nos amenazaron que si hay uno, dos o tres votos para otro candidato que no sea el partido verde o el PRI no va a haber proyectos productivos para nosotros en los siguientes seis años’», explica.
Alianza Cívica ha recibido 350 reportes de 30 estados que incluyen también el pago de dinero en efectivo, la entrega de tarjetas con promesas de pago diferido y el acopio de credenciales de elector a cambio de algún producto.