El Observatorio Ciudadano a las Contrataciones Públicas en la República Dominicana planteó hoy que todas las compras y contrataciones públicas realizadas con fondos públicos, están sujetas al principio de transparencia y publicidad en todas las etapas del proceso y subordinada a los órganos de control del Estado, la regulación y a las políticas que dicte la Dirección General de Contrataciones Pública (DGCP).

Explicó que Contrataciones Públicas tiene plenos poderes y facultades en materia de contrataciones de bienes, servicios, obras, concesiones y debe garantizar la legalidad de los procedimientos, incluyendo a los órganos con autonomía administrativa y financiera, como la Junta Central Electoral (JCE), la cual debe estar sometida a los principios de legalidad vigente para todas las instituciones del Estado dominicano.

«La JCE está sujeta al marco legal que regula las contrataciones públicas, de acuerdo a la Ley 346-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, la cual establece los principios y normas generales que rigen las contrataciones públicas, además establece los sujetos obligados y los órganos del sector público regidos al cumplimiento», dijo la entidad en un comunicado.

Enfatizó en que todas las instituciones del gobierno central; las instituciones descentralizadas y de autonomía financieras y no financiera; las instituciones pública de seguridad social; los ayuntamientos de los municipios y distritos municipales; las empresas públicas y no financieras y financieras y todos los entes o cualquier otra entidad que contrate la adquisición de bienes, servicios, obras y concesiones con fondos públicos, están sujeta a la aplicación de la Ley de Contrataciones Públicas.

El observatorio, integrado por 13 organizaciones, advirtió que la Dirección General de Contrataciones Públicas tiene competencia para “investigar y actuar de oficio en los casos en que existan indicios de violación de la ley; instruir y sustanciar los expedientes; tomar todas las medidas necesarias para la sustanciación de los expedientes, incluyendo requerir la presentación de documentos, la comparecencia de personas y el acceso a lugares, de manera voluntaria con la finalidad de llevar a cabo las investigaciones puestas a su cargo”.

«La negativa de la JCE obstruye la investigación de la DGCP en relación al Recurso Jerárquico del cual esta apoderada y de poder cumplir su rol, funciones y competencias», indicó.

Finalmente, el observatorio manifestó esperar que el Tribunal Constitucional (TC), apoderado del caso, garantice el cumplimiento y fortalecimiento de la Ley 346-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, en todos los entes del Estado que administran fondos públicos.