El biodiesel argentino, las aceitunas españolas, la madera canadiense, las lavadoras surcoreanas o las placas solares chinas han sido algunos de los productos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sancionado para potenciar la industria doméstica en esos sectores.
Este afán por introducir medidas proteccionistas a la economía del país contradice el histórico ímpetu de Estados Unidos en ser pionero en la liberalización del comercio internacional.
“El comportamiento de Trump es contrario a la práctica de los presidentes más recientes, cuando los aranceles de salvaguardia se adoptaron solo en contadas ocasiones, en parte porque los mismos mandatarios solían ser reacios a aprobarlos”, declaró el profesor de comercio internacional de la American University Robert Blecker.
Ayer Trump insistió en que estudia la imposición de “aranceles o cuotas” a las importaciones de acero y aluminio extranjero, especialmente de China, por considerar que la industria de Estados Unidos está siendo “diezmada” por la “competencia desleal».
Desde su llegada a la Casa Blanca, el mandatario declaró sus intenciones de endurecer su política comercial, especialmente con China y México, amenazando con imponer aranceles a las importaciones de estos dos países del 45% y del 35%, respectivamente.
Además, Trump criticó duramente a Canadá, Alemania y Corea del Sur por exportar más a Estados Unidos de lo que importan. A pesar de que estas amenazas se quedaron en eso, advertencias, la política económica de Trump en sus primeros trece meses de mandato ha estado marcada por uno de los lemas preferidos del magnate- “Estados Unidos primero».
“No hay nada de malo en que un país desee promover su industria, pero hay muchas maneras más positivas para hacerlo- fomentando la educación y capacitación de los trabajadores, proporcionando infraestructura pública y subsidiando las industrias emergentes”, argumenta Blecker.
La imposición en enero de los gravámenes a las placas solares chinas y las lavadoras surcoreanas fue el último polémico caso de las directrices económicas de la administración Trump y algunos expertos catalogaron de “arbitraria” esta decisión.
“Cuando se utiliza un lenguaje vago en la legislación comercial existente para imponer aranceles siempre hay un cierto grado de arbitrariedad en la decisión”, dijo la economista Mónica De Bolle, investigadora del centro de estudios Peterson Insitute for International Economics.
En este caso, detalló De Bolle, el lenguaje usado se refiere al sector afectado por “aumentos repentinos de las importaciones”, sin ofrecer una definición clara de lo que realmente significa, lo que deja espacio para la libre interpretación, que puede ser “perjudicial para el libre comercio».