Ocho niños habrían sido asesinados por negarse a ser parte de bandas delictivas

Ocho niños habrían sido asesinados por negarse a ser parte de bandas delictivas

Tegucigalpa. EFE.- Autoridades de Honduras informaron hoy que investigan la muerte de al menos ocho niños que habrían sido asesinados por pandilleros porque se negaron a formar parte de las maras.  

El fiscal general de Honduras, Óscar Chinchilla, dijo a periodistas que la Fiscalía está “investigando el por qué se han producido estas muertes de infantes” en la colonia La Pradera, en la ciudad norteña de San Pedro Sula.

Según la prensa local, en menos de un mes al menos ocho niños, entre ellos dos hermanos de 7 y 13 de edad, fueron secuestrados y posteriormente asesinados al parecer por pandilleros en San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante de Honduras.

El último caso se registro ayer, cuando las autoridades hondureñas localizaron el cadáver de Keneth Alejandro Castellanos, de 7 años, cerca de donde vivía con su familia en la colonia La Pradera.

El cuerpo de Keneth fue hallado 24 horas después de que agentes policiales encontraron el cadáver de su hermano Antony Castellanos, de 13 años.

El fiscal general aseguró que los operadores de justicia “están trabajando” y pidió a los medios locales que “entiendan que por ahora no se pueden revelar algunos avances de las investigaciones».

Una de las hipótesis de la Fiscalía apunta a que esas muertes fueron “ocasionadas por pandilleros”, que operan en la zona norte del país, tras la negativa de las víctimas de integrar esos grupos criminales, agregó el funcionario, sin dar más detalles.

La Mara 18 es una de las pandillas más violentas que operan en Honduras y otros países centroamericanos, y vive en permanente disputa por el control de territorios y negocios como la venta de drogas con la Mara Salvatrucha, su principal rival.

Honduras vive una ola de violencia que a diario deja un promedio de 15 muertos, según autoridades locales, que atribuyen buena parte de la criminalidad a pandilleros que, entre otras acciones delictivas, cobran un denominado “impuesto de guerra” a autobuses del servicio urbano, taxis y pequeños y medianos negocios.

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