Ocho de cada 100 dólares de la riqueza de las familias (sin contar los activos inmobiliarios) está localizado en los paraísos fiscales, según el último informe IEB Report publicado ayer por el Institut d’Economia de Barcelona (IEB).
Se trata de territorios opacos para el fisco (como Trinidad y Tobago) que provocan cuantiosas pérdidas de recaudación en la haciendas de los países desarrollados. Ese dinero desviado a paraísos fiscales es propiedad de una élite adinerada que representa al 0,1% de la población.
Si se baja más aún al detalle se comprueba que el 50% del patrimonio evadido corresponde al 0,01% de la población con más recursos. Detrás de estas cifras se esconde que son precisamente los más ricos los que más dinero tienen fuera del control del fisco y, por lo tanto, los que son menos contribuyentes con las haciendas locales en relación con el patrimonio que atesoran.
Los datos han sido recogidos por el profesor de la Universidad de Coppenhague, Niels Johannesen, con información extraída -entre otras bases de información- de las filtraciones de los clientes del HSBC Switzerland, de los conocidos como papeles de Panamá o de las declaraciones voluntarias en Dinamarca, Noruega y Suecia. El citado 8% de riqueza de las familias que está en paraísos equivale a unos 6 billones de dólares (7,1 billones de euros).

La evasión fiscal a través de paraísos fiscales no es patrimonio exclusivo de las familias como se detalla en el informe ya que las grandes empresas se llevan alrededor del 40% de los beneficios a esos países opacos, lo que equivale a 600.000 millones de euros. Esas cifras corresponden a dinero desviado a paraísos como Samoa, Bahréin o Islas Marshall.

En las estadísticas no se tiene en cuenta cuando una empresa tributa en un país con una fiscalidad ventajosa como es el caso de Irlanda donde el impuesto de sociedades puede llegar a ser sólo del 1%.
En el informe se destaca que puede ser contraproducente que se eliminen países de la lista de paraísos fiscales si se mantiene uno solo. Alejandro Esteller-Moré, del IEB, reflexiona que “si se eliminan unos países de la lista y otros no, los que se queden asumirán más capitales opacos y, por lo tanto, tendrán mayores reticencias a dejar de ser paraísos fiscales”.
En el caso de las empresas, Esteller-Moré añade que si se les prohibiera operar con paraísos fiscales, “el incremento de los costes derivado de esas política lo acabaría pagando el trabajador o el cliente”. En esta linea, Shafik Hebous, economista del FMI, destaca que “acabar con los paraísos fiscales no tiene por qué traducirse en un mayor bienestar”.