POR CARMEN MATOS
El director de la Dirección Nacional de Persecución a la Corrupción Administrativa (DPCA), Octavio Lister, consideró ayer que “la soga sigue rompiendo por lo más delgado” en lo que se refiere a las condenas de actos de corrupción administrativa. 

El funcionario dijo que en sus tres años de gestión, la institución ha ingresado 156 casos, de los cuales  sólo 14 han sido llevados a la justicia, sometiendo en su mayoría a empleados de cargos menores.

Indicó que otros 90 fueron archivados tras determinar que el sometimiento no procede porque el hecho denunciado no sucedió o debido a  insuficiencia de pruebas.  

Lister destacó que algunos expedientes han sido detenidos, en espera de las auditorías que fueron solicitadas a la Cámara de Cuentas y que aún están pendientes por tratarse de casos en los que hay envuelta una gran cantidad de recursos.

Entre estas, citó la auditoría electrónica del Departamento de Pensiones de la Secretaría de Finanzas, en que se dictaron medidas de coerción contra nueve personas. También la de la Tesorería de la Seguridad Social, sobre la que dijo  falta un estudio de tipo electrónico.

Además aseguró que continúa pendiente una auditoría al consorcio de Soluciones Modernas (SOMO), tras denuncias de supuestas irregularidades en la ejecución del proceso de automatización de las Oficialías del Estado Civil y la de varios distritos municipales.

Consideró que “los jueces son los actores principales en la lucha contra la corrupción”, por ser quienes  dan la señal clara cuando emiten sentencias condenatorias que advierten a los funcionarios que en caso de cometer un acto de corrupción serán igualmente condenados.

Atribuyó la ocurrencia de  descargos de sentencias condenatorias a que” en el país no existe una cultura de juzgar y sancionar los casos de corrupción”.

Reconoció que parte de la  población entiende que la lucha contra la corrupción no ha sido eficiente, como arrojó la encuesta Gallup-HOY, lo que a su juicio se debe a las pocas sanciones definitivas que han sido emitidas por los tribunales.

 Lister lamentó que en el país no funcione un sistema de protección a los testigos y denunciantes, aunque el mismo este contemplado en el Código de Etica, lo que afirmó atenta contra la lucha anticorrupción, pues limita las denuncias de casos.

Lister habló tras participar del primer seminario sobre la importancia de los Comités de Etica Pública y rol de la Comisión Nacional de Etica y Combate a la Corrupción en que fueron juramentados  miembros de comisiones de ética de diez instituciones estatales, como la Policía Nacional, el Consejo Nacional de Seguridad Social y La Oficina Nacional de Estadística.