ROSARIO ESPINAL
Los debates sobre la delincuencia se enfocan en dos tipos de factores explicativos: la crisis moral de la sociedad y la pobreza. Cada uno engloba diversos aspectos, aunque pocas veces se analizan en su complejidad.

La crisis moral se refiere al debilitamiento de valores y normas de auto-regulación de la conducta. Por tanto, para entender la naturaleza de la crisis moral es necesario saber qué conductas no son controladas, qué sectores son más vulnerables a la pérdida de auto-control, y quiénes son más afectados por el relajamiento de los controles.

Por otro lado, cómo y por qué una sociedad se convierte en productora de pobres ha constituido un dilema teórico para economistas y sociólogos, además de representar un grave problema para la sociedad y el Estado.

A grandes rasgos, hay dos corrientes de pensamiento que explican la pobreza: la voluntarista y la estructural.

La voluntarista enfatiza que la acción individual es determinante para ser pobre o no. Se asume desde esta perspectiva que las personas pobres no han hecho un esfuerzo personal significativo para mejorar su nivel de vida.

La estructural enfatiza aspectos relacionados con el funcionamiento de la economía y las oportunidades de mejoría que ofrece o no el mercado laboral. Desde esta perspectiva, las condiciones que producen la pobreza transcienden la capacidad de acción personal para combatirla.

En países con bajo nivel de pobreza tiende a predominar la interpretación voluntarista y en aquellos con mucha pobreza, la estructural.

El tránsito de una sociedad rural a urbana, y de subsistencia al consumo, transforma la economía y trastoca los valores y normas de comportamiento.

Los flujos migratorios y la diversidad de opciones laborales debilitan los vínculos familiares y comunitarios, y aumentan las expectativas de mejoría económica en amplios segmentos sociales.

En otras palabras, el conformismo con las condiciones de vida existentes se diluye y es sustituido por un derecho asumido a vivir mejor.

En las sociedades que logran un alto nivel de desarrollo económico y establecen un sistema institucional y legal sólido, la transición de sociedad rural a urbana y de subsistencia al consumo, se produce con relativo éxito.

Se generan muchos empleos de ingresos aceptables para amplios segmentos y la legalidad formal provee mecanismos de control social efectivos.

Por ejemplo, quien delinque se someterá a un sistema de justicia adecentado y funcional, que sirve como mecanismo de control, particularmente, si otras instituciones productoras y reproductoras de valores como la familia, la escuela y las religiones se tornan deficitarias.

Por encuestas y otros datos sabemos que el robo, con o sin agresión física, es el acto delictivo más comúnmente reportado por la ciudadanía. Pero otras prácticas sociales también constituyen un robo, aunque nunca se reporten en una instancia judicial o no se reconozcan como tales.

Por ejemplo, el comerciante que aumenta desproporcionadamente los precios, roba; quien no paga los impuestos debidos al Estado, roba; el funcionario gubernamental o privado que mal usa los recursos del público, roba; el empleado que pide un soborno para realizar una tarea que le corresponde a su posición, roba.

La lista de hurtos es amplia, aún cuando las personas que comenten el acto no piensen que están robando.

Por eso, sería útil que alguna organización cívica dominicana hiciera una campaña para concienciar al público con ejemplos de situaciones que constituyen un robo.

El objetivo sería promover una reflexión nacional en torno a las tantas acciones delictivas que ya sea por estafa abierta o encubierta, por ladrones a tiempo completo o parcial, se cometen. Obviamente no todos los robos son iguales en su magnitud y efectos. Un robo a mano armada es un delito mayor que arrebatar una cartera sin agresión física en la calle. La malversación de grandes cantidades de dinero depositadas en un banco es un robo de mayores consecuencias para la sociedad que el soborno de unos pesos a un empleado de menor rango en la administración pública.

Pero cuando en una sociedad, como ocurre actualmente en la dominicana, los robos ocurren simultáneamente en distintos niveles de la jerarquía social y en diferentes áreas de la economía, se produce una situación de desconfianza e incertidumbre social de consecuencias muy negativas para el desarrollo del país.

En un contexto así, los intentos parciales de control de la delincuencia, como el programa Barrio Seguro, tienen efectividad muy limitada, ya que ningún programa estatal aislado puede reducir sustancialmente el problema. Los ladrones simplemente se mudan de espacio o actividad.

Para comenzar a enfrentar con eficacia la delincuencia dominicana es fundamental sanear los cuerpos del orden público y el sistema judicial. Pero para prevenirla, lo crucial es mejorar sustancialmente las ofertas de empleo y salarios, de manera que la mayoría de la población pueda asegurar un nivel de vida aceptable sin recurrir al despojo de los bienes de otros.