Ocupaciones ilegales: la doble cara de Estado Dominicano

Ocupaciones ilegales: la doble cara de Estado Dominicano

Se originaron al final de la dictadura y con ellas se iniciaban dos políticas relacionadas con la urbanización de la tierra: 1. La casi obligación para los nuevos inmigrantes pobres de urbanizar terrenos marginales al mercado inmobiliario, post-Trujillo  (sin importar los motivos).  2. La re-urbanización y re-valorización de esos terrenos previamente valorizados (por esa presencia y permanencia de los pobladores de la ciudad).

Con la democracia, joven e inestable, el Estado oficializó “la ilegalidad tolerada” ya que sus organismos técnicos no se encargaban de cumplir sus funciones de producción (acondicionar el espacio) y gestión del espacio urbano, funciones que tienen una dimensión inmobiliaria que se concretizan por un sistema de promoción inmobiliaria y la propiedad de la tierra como condición previa a toda posible política urbanizadora. Gestionar el espacio es la función que permite la “urbanización ilegal” puesto que es la expresión de un pacto tácito o explícito entre  el Estado, el Ayuntamiento y los dueños legales.

Ese pacto tácito es el reconocimiento público de la incapacidad o de la falta de voluntad política por parte del Estado de “urbanizar”, construir viviendas populares y el permiso que se otorga a algunos de transformarse en explotadores de la pobreza, alquilando casuchas o dejando a los pobres construir como pueden. Es,  en definitiva,  una nueva forma de gestión de la renta del suelo.

Esos “ranchitos”, esos barrios “inundables” se permiten tácitamente con una cláusula implícita de no  ser  “obstáculos cuando el mercado inmobiliario y el capital financiero  hayan decidido crear “nuevos suelos construibles”. Por esos motivos, ayer era ilegal y tolerado el barrio llamado “Las Ruinas”   en la calle Delgado y hoy es ilegal y no tolerado, porque el terreno tiene 789 m2 y que después de más de 32 años, “inmovilizados para el mercado inmobiliario” hoy son “aptos para su transformación en tierras construibles”. 

El  terreno  de la viuda De la Maza fue ocupado, con su consentimiento,  por familias humildes en el 1968; ahí se asentaron. ¿Quién hipotecó el terreno por RD $22,800 a la  Financiera Universal (quebrada y juzgada) en fecha 28 de noviembre de 1979? ¿Cómo se hipotecó de nuevo  por RD $729,000 en la Asociación La Nacional de Ahorros el 27-9-1991 y ¿Cómo aparece una venta por RD$317,732 entre dos arquitectos y el Dr Jacinto Mañón Miranda el 20 de enero de 1989? ¡Magia, manías, artimañas disfrazadas con “un título de propiedad del Estado dominicano”!

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