Los camiones ascendieron hace cinco meses hasta las tierras de Braulio Pucllo en los Andes y apilaron decenas de tubos de acero de 5 toneladas junto a un camino. Trabajadores de un grupo encabezado por la compañía constructora Odebrecht le dijeron que los tenderían y soldarían, pero Pucllo no los ha vuelto a ver.
“Queremos que regresen y terminen el trabajo”, dijo Pucllo, que tiene 30 años, mientras la lluvia se transforma en granizo y sus alpacas deambulan entre los tubos. “Aún estarían aquí trabajando de no haber sido por la corrupción de Odebrecht. Todo el que aceptó su dinero debe estar en la cárcel”.
No era eso lo que se buscaba para el mayor proyecto de infraestructura de Perú. El Gasoducto Sur Peruano de 1.025 kilómetros (637 millas) saldría de los yacimientos de gas de la selva de Cusco y ascendería casi 5.000 metros sobre el nivel del mar para luego descender. Se habían instalado apenas 33 kilómetros de tuberías antes de que acusaciones de soborno pusieran fin al acceso de Odebrecht a fondos, lo que llevó al Gobierno a rescindir el contrato el mes pasado.
Peor aún, el gasoducto de US$7.300 millones es solo una de las numerosas víctimas del escándalo regional que emana de la mayor constructora de América Latina.
Fiscales de 11 países han firmado un acuerdo para profundizar la investigación de la red de sobornos de Odebrecht pagados a políticos, algunos en forma de donaciones de campaña, según se reveló en Brasil.
La magnitud de las consecuencias dista de ser clara, pero afecta a los gobiernos –y hasta a las economías- desde los Andes hasta el Caribe.

“Ha afectado a todos los países y ha llegado al nivel más alto”, dijo Walter Molano, economista jefe de BCP Securities LLC en Greenwich, Connecticut.
Durante más de 10 años, Odebrecht encabezó una fuerte expansión de las compañías constructoras brasileñas en la región. Funcionarios ofrecían miles de millones de dólares por carreteras, trenes, aeropuertos y plantas de energía, y Odebrecht participaba. El imperio viene derrumbándose desde hace más de dos años y su máximo responsable, Marcelo Odebrecht, cumple una condena a 19 años de reclusión en una cárcel de Brasil. La declinación se ha acelerado desde diciembre, cuando la compañía se declaró culpable en Estados Unidos y aceptó el mayor acuerdo por soborno de la historia: una multa de US$4.500 millones por delitos en 12 países, en su mayor parte en América Latina y el Caribe. Odebrecht dijo que está “cooperando con las autoridades brasileñas y extranjeras en las investigaciones”. Dijo que debe “cambiar el tenor de sus relaciones con organizaciones públicas y privadas” y agregó que está “adoptando medidas para fortalecer el compromiso con prácticas empresariales éticas.