El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Ortega Polanco, se reservó ayer para el próximo martes el fallo sobre las incidencias presentadas por los abogados de la defensa en el juicio preliminar que se le sigue a los imputados del caso Odebrecht.
Ortega Polanco tomó la decisión luego de escuchar la solicitud que le hizo el Ministerio Publico (MP) de rechazar dichos incidentes por alegadamente carecer de fundamento legal.
Por esto, el próximo martes el juez deberá decidir si acoge dichos incidentes propuestos por la defensa o los rechaza, como pide el Ministerio Público.
Por este caso están siendo procesados Andrés Bautista, Víctor Díaz Rúa, Ángel Rondón Rijo, Conrado Pittaluga, Tommy Galán, Jesús Vásquez y Juan Roberto Rodríguez, acusados de formar parte del entramado de sobornos que la constructora brasileña Odebrecht admitió haber realizado en República Dominicana.
El disgusto. Tras el pedimento del MP, los abogados de la defensa se dispusieron a replicar, no obstante, el magistrado Ortega Polanco, quien se notaba molesto, dio por terminada la audiencia en ese momento.
“Es la primera vez que yo veo que, luego de una réplica que hace el Ministerio Público, el juez no le permite a la defensa contrarreplicar esos argumentos”, dijo el abogado Carlos Salcedo, representante legal de Andrés Bautista.
En ese sentido, aclaró que existe un principio jurídico que le otorga la última palabra al imputado y su defensa cuando se trata de réplicas.
“No entendemos cómo se puede llevar un proceso con tanto atropello a los derechos del imputado”, exteriorizó Miguel Valerio, defensor de Víctor Díaz Rúa.
Satisfacción. La fiscal titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Laura Guerrero Pelletier, se mostró favorable a la decisión del juez, ya que, según entiende, la defensa técnica de los imputados ya agotó su oportunidad de presentar todos sus argumentos cuando plantearon sus incidencias del procedimiento.

Jurisdicción privilegiada. El senador Tommy Galán reiteró que el único motivo por el que se le acusa se debe a que su condición de legislador hace que el caso sea conocido en una jurisdicción privilegiada.