El lunes 29 de mayo del 2017 fue una jornada de sobresalto y sorpresa. Bien de mañana, como para dar un golpe de efecto, detenían a diez de los catorce hombres que serían encartados en el caso de Odebrecht.
Hoy han pasado 367 días desde aquella jornada y, por el momento, solo tenemos mucho bla, bla, bla: aunque originalmente la mayoría recibió prisión preventiva como medida de coerción, todos fueron liberados y no será hasta la semana que viene que el procurador Jean Alain Rodríguez presente acusación formal contra el empresario Angel Rondón, quien habría sido el que pagó los US$92 millones que Odebrecht repartió como sobornos en el país; y los exfuncionarios Temístocles Montás, Víctor Díaz Rúa, Radhamés Segura, Juan Roberto Rodríguez, Bernardo Castellanos de Moya, César Sánchez y Máximo D’ Oleo.
También contra el diputado Alfredo Pacheco y los senadores Tommy Galán y Julio César Valentín; el notario Conrado Pittaluga Arzeno y los exdiputados Ruddy González y Andrés Bautista.
Aunque se esperaba que la acusación incluyese los resultados de la auditoría que la Cámara de Cuentas realiza a las obras levantadas por Odebrecht, al final eso no será posible. El procurador afirma ahora, sin embargo, que eso no influye en la acusación porque el soborno no va de la mano con las sobrevaluaciones.
Ojalá que las palabras del procurador sean ciertas y que la acusación, a pesar de todos los que no se han incluido, sea fuerte. Todos esperamos que este caso no termine siendo una anécdota más del amplio historial de impunidad que han visto los tribunales de este país.