El Consorcio Odebrecht se comprometió ayer a pagarle al Estado dominicano US$184 millones, como resarcimiento por los US$92 millones que dio como sobornos en el país para la obtención de 17 contratos de obras públicas.
La información la ofreció el procurador general, Jean Rodríguez, quien aclaró que ese acuerdo de pago no implica el cese de las investigaciones para identificar a los beneficiarios de ese cohecho.
Dijo que fue enfático al reiterarle al gerente general de Odebrech, Marcelo Hofke, su obligación de colaborar con las pesquisas que hace el Ministerio Público.
“Le dejamos claro que para nosotros es inaceptable pretender desconocer la confesión del delito de soborno que esa multinacional hizo en una corte de Nueva York, incriminación en la cual mencionan los US$92 millones que ellos dijeron que pagaron en República Dominicana, a través de un intermediario”, subrayó.
El procurador informó que además la Dirección de Contrataciones Públicas dispuso la suspensión provisional del registro de Odebrecht como proveedor estatal, por lo que dicho consorcio no podrá participar en ninguna licitación para futuras transacciones con el Estado dominicano.
Sostuvo, no obstante, que a investigación en torno al pago de los sobornos no termina con la sanción económica ni con la inhabilitación de la empresa.
“Terminará cuando lleguemos hasta el último rincón para encontrar a quienes cometieron tales acciones criminales”, dijo.
Sanción es de ley. El procurador explicó que el resarcimiento económico por parte de Odebrecht, es equivalente al duplo de los US$92 millones que significó el ilícito, como establece la Ley 448-06 sobre Soborno en Comercio e Inversión.
Dicha ley establece en su artículo 5 que en el caso de que el sobornante sea una persona física, la pena será de tres (3) a diez (10) años de reclusión, y pago de una multa del duplo de las recompensas ofrecidas, prometidas u otorgadas, sin que, en ningún caso pueda esa multa ser inferior a cincuenta salarios mínimos.
En un párrafo siguiente agrega que en los casos en que el sobornante sea un profesional, el dueño o el representante, con autorización de una empresa del sector industrial, agrario, agroindustrial, comercio o servicio, la sentencia podrá inhabilitarlo para el ejercicio de sus actividades por un período de dos (2) a cinco (5) años, a contar de la sentencia definitiva, o según el caso, autorizar el cierre o intervención, por el mismo período, del establecimiento profesional, o empresarial bajo su dirección.
El artículo 6 dice que si el sobornante es una persona jurídica, la condena será de dos (2) a cinco (5) años el cierre o intervención, y una multa del duplo de las recompensas ofrecidas, prometidas u otorgadas. En ningún caso la multa puede ser inferior a 75 salarios mínimos.
Presión funcionó. La negociación con Odebrecht se logró luego de dos sesiones de interrogatorio a su representante en el país, y la incautación de documentos y equipos en sus oficinas, durante un allanamiento autorizado por un juez a solicitud del procurador general.
El gerente general de Odebrecht en República Dominicana fue interrogado el 10 de enero en curso, se le dio un plazo de tres días para depositar una serie de documentos, incluidos los nombres de las personas que recibieron los sobornos. El lunes 16 volvió a ser requerido por el procurador general para que aclarara algunas cosas, pero en su lugar acudió su abogado Robert Valdez.
Oficinas trabajan. El allanamiento a las oficinas de Odebrecht, localizadas en la tercera planta del Edificio Diandy XIX, de la calle Pedro Henríquez Ureña de Santo Domingo, fue practicado el miércoles 18.
El abogado Valdez se quejó y dijo que en el allanamiento se violó el debido proceso, y al otro día el Ministerio Público devolvió algunas cosas. No obstante todo eso, ayer en dichas oficinas se laboraba con normalidad, según informaciones obtenidas por reporteros de hoy.
En las investigaciones del caso Odebrecht participan, además del procurador general, la titular de la procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero Pelletier, y otros técnicos de esa dependencia del MP, entre ellos Wagner Cubilete, quien encabezó el allanamiento.
Otros interrogados. Han sido interrogados el empresario Ángel Rondón, gerente de negocios de Odebrecht y quien según Hofke recibió los US$92 millones.
También los exdirectores de INAPA Mariano Germán, Alberto Holguín y Roberto Rodríguez, los exministros de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa y Freddy Pérez, que firmaron contratos con la constructora brasileña; Rubén Jiménez Bichara, vicepresidente ejecutivo de la CDEEE; Radhamés Segura, exincumbente de esa institución, y Gonzalo Castillo, ministro de Obras Públicas.
Otros. En lista de espera están, entre otros, el ingeniero César Sánchez, exvicepresidente ejecutivo de la CDEEE, y varios legisladores.
El procurador Rodríguez reiteró su compromiso de llevar el caso hasta las últimas consecuencias, y pidió paciencia y compresión a la ciudadanía.