La Procuraduría Especializada de Persecución de Corrupción Administrativa (PEPCA) solicitó hoy elevar a 10 años la sentencia contra Víctor Díaz Rúa por el caso Odebrecht.

La instancia fue depositada por la PEPCA ante la secretaria del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional la mañana de este martes.

En ese mismo orden, la PEPCA requiere que la sentencia de Díaz Rúa sea modificada elevándola a tipo penal.

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Se recuerda que Víctor Díaz Rúa fue sentenciado a cinco años de prisión por los supuestos sobornos de US$92 millones en el caso Odebrecht.

Sin embargo, la Procuraduría Especializada no solicitó variación de la condena de Ángel Rondón, por lo que se interpreta que estuvieron conforme con la pena.

Rondón es el principal señalado en entramado de entrega de supuestos sobornos para beneficiar a la constructora brasileña con diversas obras en el país.

Conrado Pittaluga

Fue recurrida además por la PEPCA la sentencia que descarga al abogado Conrado Pittaluga Arzno de las acusaciones en el caso.

Los representantes de la PEPCA piden que Pittaluga sea condenado a siete años de prisión y se aplique la misma tipificación que Díaz Rúa.

Otros implicados

En relación a los imputados Andrés Bautista, Tommy Galán y Juan Roberto Rodríguez, la Procuraduría Especializada de Persecución de Corrupción Administrativa (PEPCA) no apeló la sentencia.

Contra estos últimos, el tribunal había alegado que no encontraron pruebas suficientes con las que quedaran comprometidas su responsabilidad penal.

La sentencia

El pasado 14 de octubre un tribunal condenó a ocho años de prisión a Ángel Rondón y cinco años a Víctor Díaz Rúa, tras establecer su responsabilidad penal en los hechos señalados.

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También se ordenó decomisar a Rondón las empresas Lanshan Corp y Consultores y Contratistas CONAMSA. Sumado los bienes que habría resultado de actividades ilícitas.

A Díaz Rúa el decomiso de un inmueble en casa de Campo en La Romana, un apartamento en la Torre Caney. Asimismo la embarcación “La Balbie” y la empresa Radiodifusora Sky Land, entre otros.

Sobre Conrado Pittaluga Arzeno, se dispuso su absolución y el levantamiento de la medida de coerción en su contra, así como el cese de toda orden de detención de fondos y cancelación de cualquier oposición a sus bienes.