El caso Odebrecht, con una de sus aristas en el ámbito contencioso, pero a la vez tensado por factores políticos, debe discurrir con un máximo de respeto por el debido proceso de ley. Hay quienes creen que este escándalo entraña una forma de pasarle causa a los partidos políticos, que por falta de celo ético de muchos de sus líderes han contribuido a que hayamos llegado a estos lodos. La sociedad necesita un juicio imparcial, con respeto a la majestad de la justicia y los juristas que la encarnan.
Lo que conviene es que predomine un clima que favorezca el ejercicio sin presiones de la autoridad suprema de quienes tienen la misión de establecer responsabilidades. Esto debe estar garantizado por encima de los intereses de los partidos, de tratar de influir para que la Justicia produzca fallos que favorezcan a sus parciales que han sido llevados a un marco contencioso en el que se juntan acusados y acusadores en un proceso oral público y contradictorio.
No es que las partes se abstengan de exponer y confrontar criterios dentro o fuera de las salas augustas, pero sí que se mantenga la solemnidad, se debata con altura, se respeten los principios y procedimientos y se eviten las tácticas dilatorias que ralenticen la marcha de este proceso, que como ya se ha advertido, podría tener deplorables efectos colaterales en términos de la confiabilidad del país.

País de cárceles buenas y malas

El llamado nuevo modelo penitenciario, con sus avances y humanización del encierro, se ha quedado estancado en unas pocas muestras, mientras el mayor número de recintos de privación de la libertad son un culto al hacinamiento degradante de la condición humana. La diferencia entre uno y otro modelo impone un estilo de discriminación que da a unos prevenidos el privilegio de la comodidad y a otros el adocenamiento violatorio de derechos intrínsecos garantizados en la Constitución y leyes adjetivas.
No podemos continuar siendo un país de cárceles buenas y malas. No podemos exhibir trato humano en unas prisiones y en otras degradación de la condición humana por encima de lo que disponen las leyes sobre privación de la libertad. El nuevo modelo penitenciario debe salir del estancamiento.