Una rápida y apretada mirada a la historia republicana de nuestro país nos reseña el 21 de marzo de 1844 al patricio Juan Pablo Duarte con el grado de General de Brigada, Comandante del Departamento de Santo Domingo, quien marcha al día siguiente hacia Baní para unirse al también General Pedro Santana, para enfrentar a las tropas haitianas que ocupaban la Zona de Azua. Recibió Duarte mil pesos para dicha encomienda. Al anularse la orden, Juan Pablo Duarte rinde cuenta de los gastos, los cuales ascendieron a 173 pesos, por lo que devolvió a la Sección de Hacienda de la Junta Gubernativa el balance en su poder de 827 pesos. Ese gesto no fue copiado por Pedro Santana, Buenaventura Báez, Ulises Heureaux, Rafael Leonidas Trujillo, ni Joaquín Balaguer.
En una nación plagada por la desigualdad social, indigna a muchos la publicación de las fortunas amasadas en tiempo récord por gente que ayer era pobre y sencilla, en tanto que ahora es dueña de grandes riquezas, difíciles de explicar como hijas del sudor de su frente. Ante una mayoritaria población que hoy vive estrecheces financieras, caro e inseguro transporte público, insuficiente e insalubre servicio de agua, bajos salarios, alta tasa de desempleo, escasez de viviendas, pobre asistencia hospitalaria, así como un marco jurídico en crisis, a nadie debe asombrarle que surja un clamor popular exigiendo que se detenga la ola de corrupción y que cese la impunidad.
En la década de los setenta del recién pasado siglo XX presionado por una fuerte opinión mediática interna, el entonces presidente Joaquín Balaguer admitió que la corrupción solamente se detenía en la puerta de su despacho. Se contabilizaba en unos trescientos los nuevos millonarios hijos de las contrataciones sobrevaluadas de obras estatales. No pudo el doctor Balaguer seguir conduciendo las riendas del poder más allá del 1978, ya que los gobiernos de Estado Unidos y de Venezuela le obligaron a aceptar el triunfo electoral del Partido Revolucionario Dominicano.
Esta vez los vientos huracanados han arrancado desde el cono sur de nuestra América, generando serios cambios en Argentina y Brasil. En este último país, lo que algunos analistas denominan un golpe de Estado blando, se llevó por delante a la presidenta constitucional Dilma Rousseff; ello tuvo una enorme repercusión negativa en el gobernante Partido de los Trabajadores liderado por Luiz Inacio Lula Da Silva. Bajo la sombrilla de ese poder político iniciado el 1ero. de enero del 2003 y concluido irregularmente el 31 de agosto de 2016, creció la poderosa empresa constructora Odebrecht.
Los últimos gobiernos dominicanos han mantenido excelentes relaciones con las dos gestiones gubernativas del Partido de los Trabajadores del Brasil y con su líder Lula Da Silva. Esa coyuntura ha sido aprovechada por la multimillonaria Odebrecht para obtener contrataciones de costosas obras públicas, auxiliada por el legendario hombre del maletín. En esta ocasión, la ola expansiva mediática ha partido del exterior con fuertes vientos que están haciendo tambalear la partidocracia dominicana. A ello hay que sumarle el terremoto interno de la Marcha Verde, que ha forzado al gobierno a dar señales institucionales de estar dispuesto a poner en acción el Ministerio Público para que investigue el dolo que afuera se denuncia.
La sumatoria de la presión política externa e interna, versus la capacidad de respuesta del gobierno dominicano nos darán una resultante a verse en el 2020.