Desde junio 2012, Julián Assange, ciudadano australiano residente en Estocolmo, Suecia, está recluido en condición de asilado político en la embajada de Ecuador en Londres, evadiendo una orden de captura de la fiscalía sueca, que le acusa de tres violaciones sexuales a féminas, en realidad una excusa para procesarlo y luego deportarlo a Estados Unidos, como teme, por revelar miles de documentos confidenciales del imperio en la red WikiLeaks, creada por él.
Estados Unidos se autoproclama, sin autenticidad comprobatoria, de liderar a nivel planetario, los derechos fundamentales inherentes a la persona humana, libertad de expresión, desplazamiento, de conciencia política y religiosa, que en un solo caso, con Julián Assange, reniega y niega.
En ese capítulo con tufo de chantaje, Estados Unidos inclusive se permite la licencia que ningún organismo internacional avala, de monitorizar la conducta de los 192 países, además del suyo, en las disciplinas aludidas, omitiendo la suya con sus aborígenes, recluidos en “reservas”, que el fascismo hitleriano definió como ghetto, y aniquilados, que ahora se tipifica genocidio.
Su censurable e insepulto racismo costó una guerra civil (1861-63), reseñada en La Cabaña del tío Tom y Lo que el viento se llevó, y más, reciente en Joshua Gibson, Satchel Paige, Jackie Robinson, Juan Marichal y Rosa Parks, alusivo al racismo, y en el penal de Guantánamo donde se deniega “el debido proceso”.
Postulaba el general Ramfis Trujillo que los hombres, sin precisar excepciones, se vendían por un cero US$, y evidentemente Julián Assange ha carecido de un solidario que “indemnice” la acusación de una de las tres féminas vivientes que lo acusa de supuesta violación, y el expediente, como los de Ana María Pozo, quede “caso cerrado”, y acusado y acusador resulten con ganancia de causa, que Naciones Unidas propicia.