QUITO (EFE).- Los cancilleres de América quieren convertir el continente en territorio hostil para los funcionarios corruptos y se comprometerán en Quito a negar la acogida en sus países a estos funcionarios, así como a quienes los corrompen.

Este es el punto clave de la llamada «Declaración de Quito» que los cancilleres de los 34 países de América terminaron de perfilar ayer en la capital ecuatoriana y que será aprobada en la sesión de clausura de la XXXIV Asamblea de la Organización de Estados Americanos que hoy comienza en Quito.

Tras indicar que «el fenómeno mundial de la corrupción es un obstáculo crítico para el desarrollo social», los cancilleres recuerdan cómo el problema ha sido objeto de atención de los Presidentes y Jefes de Gobierno de América durante las Cumbres Hemisféricas.

Por tanto, indican, en el marco de las leyes nacionales e internacionales, «nos comprometemos a negar acogida a funcionarios corruptos en el sector público y privado, a quienes los corrompen y a los bienes producto de la corrupción».

Igualmente, se comprometen «a cooperar en su extradición y en la recuperación y restitución de los activos originados en la corrupción a sus legítimos propietarios», para lo cual, dicen, «debemos perfeccionar los mecanismos regionales de asistencia judicial mutua en materia penal».

Esta Declaración indica que «el compromiso con la democracia tiene que ver con la gobernabilidad democrática y la lucha contra la corrupción» y destaca que esta lacra afecta a la institucionalidad democrática y al crecimiento económico de los países.

Subrayan además que «atentan contra la confianza ciudadana, lo que compromete la estabilidad política y genera a su vez, el incremento de la pobreza».

Los cancilleres destacan cómo la «Convención Interamericana contra la Corrupción significó el primer paso para combatir conjuntamente el grave problema de la corrupción», pero indican que «es necesario perfeccionar su mecanismo de seguimiento» y «fortalecer una acción coordinada y colectiva de los Estados para combatir eficazmente la corrupción y erradicar la impunidad».

El documento de Quito favorece «la aprobación de medidas efectivas y concretas para la prevención y combate contra todas las formas de corrupción, soborno y prácticas ilícitas conexas en las transacciones comerciales», entre otras.

Los cancilleres manifiestan su preocupación por las «prácticas corruptas, ilegales y fraudulentas en la administración de algunas empresas nacionales y transnacionales» que, dicen, podrían afectar negativamente las economías y al crecimiento económico con equidad.

La Declaración destaca también que «el combate a la corrupción fortalece a las instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vigoriza la gestión pública, evita el deterioro de la moral social y contribuye a la seguridad de los Estados» del continente.

Se refieren también al papel que deben jugar los medios de comunicación social y los diferentes actores de la sociedad civil y aseguran que debe orientarse hacia la educación en valores y la difusión de las normas vigentes al respecto.

Añaden que la acción «responsable, seria e imparcial» de los medios, contribuirá a la implementación de una cultura de transparencia, buen gobierno y valores democráticos.