Hoy 
El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la Organización de Estados Americanos (OEA) acogió la solicitud del país para analizar hoy a partir de las 2:30 de la tarde la crisis generada en Paraguay tras la destitución del Presidente Fernando Lugo. Una nota de la Cancillería dice que la decisión fue comunicada a los representantes permanentes de los Estados miembros del organismo a través de una circular que informa que la sesión extraordinaria será en la sede principal de la OEA, en Washington.
Indica que la Misión Permanente de República Dominicana ante la organización inició una ofensiva diplomática para que la comunidad internacional adopte una acción colectiva frente a la destitución de Lugo.
Paralelamente, el Canciller Carlos Morales Troncoso llamó a consulta al embajador de República Dominicana en Paraguay, Marino Berigüete, quien deberá rendir un informe de lo acontecido en los últimos días en ese país suramericano, dice el texto.
Expresa que el representante permanente del país ante la OEA, embajador Roberto Saladín, envió comunicaciones al secretario general, José Miguel Insulza, y al presidente del Consejo Permanente, Leonidas Rojas Bautista, para que consideraran la convocatoria inmediata de una sesión extraordinaria de la Asamblea General.
La convocatoria tiene el propósito de tratar al más alto nivel la situación política de la República de Paraguay y adoptar las decisiones que estimen apropiadas.
Explican que se solicita la reunión en base al artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana de la OEA, cuyo contenido establece que en caso de que en un Estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado miembro podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación.
La clave
Base legal
La solicitud está basada en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana de la OEA, cuyo contenido establece que en caso de que en un Estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado miembro podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente.
