Desde la próxima semana Nicaragua cortará formalmente todos los lazos con la Organización de Estados Americanos (OEA) al cumplirse dos años del día que la dictadura de Daniel Ortega denunció la Carta de la organización.

El Consejo Permanente de la OEA considerará este miércoles el tema y dado que en su momento no hubo acuerdo para expulsar al régimen de la organización, lo que hubiese bloqueado la posibilidad de que la dictadura denunciara la Carta, ahora poco se puede hacer.

Por ello los países discuten una resolución, que será puesta en consideración por el presidente del Consejo Permanente, el embajador de Antigua y Barbuda, Ronald Sanders, para reconocer que desde la semana próxima Nicaragua ya no forma parte de la organización. Sin embargo, también busca recordarle al régimen de Ortega que sigue pendiente de que cumpla con todas las resoluciones del sistema interamericano que en estos años desoyó.

El proyecto de resolución, al que accedió Infobae, busca dejar en claro que el país centroamericano sigue obligado a respetar los derechos humanos pese a ya no formar parte de la OEA y que desde el Consejo Permanente se buscará seguir monitoreando la situación política y de Derechos Humanos en el país centroamericano.

En el texto se afirma que “Nicaragua sigue obligada a respetar todos los derechos humanos reflejados en las normas consuetudinarias; todos los derechos humanos contenidos en las convenciones multilaterales de derechos humanos de las que Nicaragua es parte, así como los derivados de principios generales del derecho internacional que aseguran la protección universal de la dignidad humana”.

Nicaragua comunicó su salida de la OEA en noviembre de 2021, por lo que el próximo domingo 19 de noviembre se cumplirán los dos años requeridos para que se haga efectiva su desvinculación. Ortega tomó esta decisión en medio de fuertes cuestionamientos que realizaba la comunidad internacional y el secretario general Luis Almagro por las violaciones a los derechos humanos en el país.

Según explicaron a Infobae fuentes de la organización, el proyecto fue presentado por la Presidencia del Consejo Permanente, pero en consulta con los coordinadores de las distintas regiones de las Américas.

El texto reitera que la OEA “lamenta profundamente la denuncia de la Carta de la Organización de los Estados Americanos”, pero al mismo tiempo busca dejar en claro que el país no podrá eludir sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

La resolución también establece que el Consejo Permanente de la OEA “continuará prestando especial atención a la situación en Nicaragua, haciendo sus mejores esfuerzos para promover y fomentar el pleno respeto de Nicaragua a los derechos humanos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos del país”.

Nicaragua fue uno de los miembros fundadores de la OEA en 1948. Ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1979 y aceptó la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1991.

Obligado retroactivamente

Si bien de ahora en adelante Nicaragua ya no formará parte del Sistema Interamericano y por tanto no estará sujeto a las obligaciones formales, los juristas entienden que aún sigue obligado a cumplir las sentencias y los dictámenes emitidos hasta ahora.

En 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva advirtiendo que la salida de la OEA no eximiría a ningún país de sus obligaciones pre asumidas.

El organismo interamericano ha expresado en numerosas ocasiones su preocupación por la situación de los derechos humanos en Nicaragua.

“Las obligaciones de derechos humanos derivadas de la Carta de la OEA permanecen incólumes durante el periodo de transición hacia la denuncia efectiva”, es decir, entre noviembre de 2021 y noviembre de 2023, asegura un informe de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA al que accedió Infobae.

Ese informe, que había sido solicitado por la Presidencia del Consejo Permanente para evaluar los pasos a seguir ante la formalización de la salida de Nicaragua de la OEA, asegura que el país sigue obligado a “cumplir con las obligaciones derivadas de las decisiones de los órganos de protección de derechos humanos del sistema interamericano” que se dictaron en este tiempo, “hasta su cumplimiento total”, algo que la dictadura no ha hecho.

En otras palabras, en términos jurídicos, por más que efectivamente Nicaragua se vaya de la organización, sigue en falta por no acatar todas las decisiones adoptadas hasta ahora por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que forman parte del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

Además, según ese informe jurídico, una vez que la renuncia se haga efectiva el próximo 19 noviembre, Nicaragua aún tendrá “el deber de cumplir con los tratados interamericanos de derechos humanos ratificados y no denunciados conforme a sus propios procedimientos permanece vigente”. Es decir, Nicaragua seguirá estando sujeta a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, ya que no las ha denunciado formalmente.