GUATEMALA. AP. La declaración de Antigua emanada de la 43ra Asamblea de la OEA que se reunió en Guatemala fue aprobada la noche del jueves sin proponer un cambio inmediato en acciones en la lucha antidrogas, pero sí la discusión integral del tema, incluida la despenalización para el consumo.  

“Hemos alcanzado muy buenos acuerdos”, dijo José Miguel Insulza, secretario general de la OEA.    

El presidente guatemalteco Otto Pérez Molina, que participó de una conferencia de prensa conjunta con Insulza, dijo que le satisfacía que se haya discutido la propuesta para mostrar su compromiso para responder a este problema que afecta a todos los países latinoamericanos.    

Es fundamental que el hemisferio avance de forma coordinada en la búsqueda de soluciones efectivas al problema mundial de drogas “bajo un enfoque integral, fortalecido, equilibrado y multidisciplinario, con pleno respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales que incorpore la salud pública, educación e inclusión social junto a acciones preventivas para hacer frente a la delincuencia organizada transnacional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas, así como el impulso del desarrollo local y nacional”, reza el primero de20 puntos aprobados por la Asamblea.  

Insulza manifestó que el tema de la legalización no está en los informes, pero ciertamente es un tema que puede cambiar, en ciertos países.    

“Algunos Estados han legalizado la marihuana, por lo tanto es un asunto que está en la discusión. Ahora, sobre las demás drogas, yo a la luz del informe y toda la gente que consultamos, no veo mucho ánimo para la legalización, no hay que confundir nunca despenalización con legalización, eso es un error, la despenalización supone que la droga sigue estando prohibida, sigue siendo ilegal su venta, su tráfico, su comercialización, su cultivo, etcétera”.    

Lo que hace la despenalización es no castigar al consumidor de drogas, por considerarlo un enfermo y no un delincuente, pero eso no tiene que ver con legalización, agregó.    

El punto más controversial de la declaración fue en cuanto a los Mecanismos de Evaluación multilateral en el que los países tenían visiones distintas.    

La propuesta era que este fuera el único instrumento hemisférico válido para la evaluación de las políticas de control de drogas en los países que componen el sistema interamericano.    

El canciller venezolano Elías Jaua dijo que su país “rechazaba firmemente toda evaluación o lista injerencistas”, y que cualquier política integral regional que pretenda frenar el problema mundial de drogas debe partir del principio de “responsabilidades compartidas”.    

En una nota de pie de página, Estados Unidos dijo que respeta el derecho soberano de los Estados a determinar cómo y bajo qué condiciones pueden asignarse sus recursos para este tema.

“Apoyamos plenamente el concepto de que las evaluaciones sobre las políticas de drogas se lleven a cabo…en un marco de colaboración”, dijo.    

Otros puntos de la Declaración establecen que el problema de drogas se vea como un asunto de salud pública. Así como “que las políticas de drogas deben contener una perspectiva transversal de derechos humanos” y que las políticas públicas relacionadas con el problema de las drogas deben ser diseñadas e implementadas con un enfoque de género, cuando corresponda.    

Los países también se comprometieron en la Declaración a emprender mayores esfuerzos para reducir eficazmente la demanda y la oferta ilícita de drogas.    

La violencia generada por el narcotráfico no quedó exenta de la resolución. Uno de los punto estipula que “para reducir los niveles de violencia asociados al problema mundial de las drogas y sus delitos conexos, resulta esencial aplicar y fortalecer medidas más eficaces para prevenir la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, así como su desvío hacia los grupos delictivos organizados, entre otras medidas de seguridad”.    

María Ángela Holguín, canciller de Colombia, dijo que este era un “asunto complejo y no admite soluciones simplistas. Es difícil dimensionar el problema. Aprendimos de manera difícil y ahora continuando la lucha nos hemos propuesto compartir nuestra experiencia”.  

Otro punto crucial fue el tema de los activos que genera el problema de la droga. En ese sentido, los Estados se comprometieron a incrementar en el marco de cada una de sus legislaciones esfuerzos para prevenir, detectar y sancionar operaciones de lavado de activos provenientes de actividades delictivas, “particularmente del tráfico ilícito de drogas y la corrupción, y reforzar la cooperación internacional para prevenir el ingreso, flujo y egreso de dichos activos a nuestros sistemas financieros y otras actividades de intercambio de activos”.    

Para José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, en este tipo de Asamblea no iba a haber un cambio de acciones. “Los procesos son necesariamente lentos, es un error pensar que hay cambios significativos se puedan generar en una reunión como esta. Hay que reconocer que el debate como este sobre las políticas de drogas es muy reciente”, dijo.    

El director para las Américas de HRW dijo que el hecho de que el secretario de Estado norteamericano John Kerry acudiera a esta Asamblea es significativo.

“La intervención de John Kerry al admitir, no solo la necesidad de debatir, sino abrir unos caminos o unas políticas distintas, él hizo referencias explicitas al problema del tabaco y cómo el tabaco se había logrado reducir o controlar desde un punto de vista de políticas públicas; me parece que es obvia la analogía del caso del tabaco o el alcohol con el tema de las drogas, su intervención en ese sentido fue muy constructiva”, dijo.    Insulza destacó que esta reunión es la primera de la historia de la organización en la que hay una gran afluencia de países.    

La Santa Sede, como Estado observador de la OEA, llamó a los países a centrar la discusión en la familia como base fundamental de la sociedad al tratar el tema de las drogas.    

“Cuando hay abuso de drogas ilícitas, se destruye el tejido social de las familias. Debe ser una prioridad que las políticas se centren en la familia como la vía principal del tratamiento de la rehabilitación contra drogas. Que sea integral y centrada en la persona humana”, dijo la delegación vaticana.    

Otros aspectos que resaltaron en la Asamblea es que José de Jesús Orozco de México, James Caballero de Estados Unidos y Paulo de Tarso Vannuchi de Brasil, fueron elegidos el jueves como miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.    

También cuatro países del Alba anunciaron su retiro de la Junta Interamericana de Defensa, un organismo asesor de la OEA en materia de defensa, argumentando que este no reflejaba una filosofía acorde a los países del sur.    

Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia pidieron la reestructuración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA argumentando que esta “no responde a los intereses de los pueblos latinoamericanos”.

Los países pidieron que la misión con sede en Washington sea movida a un país latinoamericano, y crearon una comisión en la cual se estudie el tema para ser propuesto en una próxima asamblea.    La Asamblea designó a Paraguay como sede de la 44ta Asamblea, a realizarse 3, 4 y 5 de junio de 2014.