La Organización de Estados Americanos (OEA) adoptó ayer en una tensa sesión una resolución que afirma que en Venezuela hay una “grave alteración inconstitucional del orden democrático” y exige al Gobierno de Nicolás Maduro que restaure “la plena autoridad” de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.
El texto no se sometió a votación, sino que fue aprobado “por consenso” al haber 23 Estados presentes en la sala y abstenerse solo cuatro de ellos- República Dominicana, Bahamas, Belice y El Salvador. El documento, el más duro adoptado en la OEA contra Maduro, lo presentaron Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, EE.UU., Jamaica, México, Panamá, Paraguay y Perú.
En el momento de la presentación y debate de la resolución no estuvieron Bolivia, Venezuela ni Nicaragua, que abandonaron la sesión tras denunciar que se trataba de una reunión “ilegal” y un “golpe de Estado institucional” al haberse celebrado pese a que Bolivia, titular de la presidencia del Consejo, la suspendió esta mañana.
Al no presidirla Bolivia, ni Haití (vicepresidente), lo hizo el embajador con más antigüedad en la OEA (después del de Bolivia), el de Honduras, Leónidas Rosa Bautista.
La resolución incorpora la posibilidad de, “en la medida que sea necesario” y en el marco de la Carta Democrática Interamericana, emprender “gestiones diplomáticas adicionales para fomentar la normalización de la institucionalidad democrática”, “incluyendo la convocatoria de una reunión a nivel ministerial». Fuentes diplomáticas explicaron que la posibilidad de que los cancilleres se reúnan en la OEA para abordar este tema es algo que se está negociando pero para lo que todavía no hay fecha. El texto indica que “a pesar de la reciente revisión de algunos elementos de dichas sentencias (del Supremo sobre la Asamblea Nacional), es esencial que el Gobierno de Venezuela asegure la plena restauración del orden democrático». De esa manera, los firmantes instan a Venezuela a “actuar para garantizar la separación e independencia de los poderes constitucionales y restaurar la plena autoridad de la Asamblea Nacional”, según la versión final del texto adoptada, que leyó en la sesión la embajadora de Perú, Ana Rosa Valdivieso. En el documento, expresan “su profunda preocupación por la grave alteración inconstitucional del orden democrático en la República Bolivariana de Venezuela».